Rubén Landini Maldonado, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla y acusado de supuestamente incurrir en tráfico de órganos, fue cesado la mañana de ayer de sus facultades como galeno y deberá enfrentar el proceso que ya es investigado por la PGR.
Así lo informó el delegado de ese organismo, Francisco Fraile García. En rueda de prensa, el funcionario expresó que el viernes de la semana pasada en dicho instituto él mismo presidió una reunión con el galeno denunciado y la derechohabiente afectada, Luz María Vázquez Carmona, quien aportó las pruebas necesarias para que el doctor fuera suspendido y ahora se lleve la investigación en su contra.
Fraile García expresó que lo aportado «eran indicios» que lo llevaron a la deliberación tomada y que eximen de esta forma al Seguro Social por lo sucedido con esa mujer que, como se lo informó este diario, consistió en el intento de venta de un riñón por parte del señalado médico y que llevó a Luz María Vázquez a perder 250 mil pesos, pues el médico Landini Maldonado le habría pedido nada más y nada menos que 500 mil pesos para operar a su hijo Brando Apolonio Laguna Vázquez, quien padece insuficiencia renal.
El delegado expresó que en toda su gestión únicamente tres médicos -incluido Rubén Landini- han sido cesados ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED), los otros dos por diferentes causas y el comentado caso es el único relacionado con un intento de venta de órganos. Recordó entonces que ninguno de los funcionarios de cualquier nivel y organismos filiales al sector salud, incluidos médicos, pueden influenciar en el otorgamiento de un órgano, pues esa procuración se da desde la federación con una lista nacional por lo que nadie en la entidad tendría la facultad para poner a disposición algún órgano.
En otro tema, el delegado dio a conocer que el IMSS investiga en cada uno de sus hospitales si se da fraude laboral en los mismos, esto luego de que el trabajador Nazario Flores Rojas del Hospital Regional número 36, fuera denunciado ante las autoridades por el delito de daño patrimonial pues «pasaba tarjeta» por 10 trabajadores del organismo de manera diaria cobrando de 800 a mil pesos por chequeo.
Así, señaló que ese caso se dio desde el mes de febrero como resultado de investigaciones del propio organismo para depurar ese tipo de situaciones, pero no se había dado a conocer. Indicó que el trabajador involucrado llevaba al menos 15 años laborando en el instituto y que se actuará con el mismo rigor con él que con los que le solicitaron «el servicio» del chequeo.
Fuente. elsoldepuebla