Los dichos y los hechos

Los dichos y los hechos
Foto: http://www.flickr.com/photos/daquellamanera/

Por César Camacho

Estrenando una interesante figura jurídica, la recientemente creada: “iniciativa preferente” que busca dinamizar el trabajo del Poder Legislativo, el 1 de septiembre el Presidente de la República presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la cual entra en fase decisiva esta semana, por lo que, sometidos a una nueva forma de presión, los diputados federales deberán pronunciarse sobre la misma entre hoy y el viernes.

El ejercicio ha sacado a flote algunos de los beneficios que aporta a nuestra vida pública dicha figura jurídica, apenas incorporada el 9 de agosto al marco jurídico del Congreso de la Unión, despertando interés, quizá en la misma proporción que dudas, lo cual hace pertinentes ciertas precisiones jurídicas y políticas.

Con la iniciativa preferente, el Poder Legislativo suma vitalidad a su accionar pues, impelido a resolver, focaliza su atención en la iniciativa puesta a su consideración, profundiza tanto como el planteamiento del Ejecutivo lo requiera, obliga a realizar un mejor trabajo de comunicación a la ciudadanía y clarifica las posiciones de los partidos políticos.

Al forzar el debate sobre un asunto importante para el país, se genera un momento mediático como el que vivimos, que centra en buena medida la atención de analistas y medios de comunicación en general; sin embargo, naturalmente, la discusión también genera apasionamiento que en no pocas ocasiones termina por desvirtuar los argumentos del debate. Y en ese desorden de ideas, voces críticas comienzan a descalificar la tarea y adelantan su decepción respecto al resultado del trabajo de los diputados pues, en su opinión, la reforma resultará “descafeinada” ya que –consideran- no va a fondo en ciertos aspectos. Cabe precisar que pasan por alto que, las bases de la Ley que se reformará están consagradas en el texto constitucional, y en su momento, se decidió que el citado mecanismo de iniciativa preferente no pueda reformar o adicionar la Constitución, pues se planteó con razón que modificar la Carga Magna, debe merecer una reflexión y discusión pública que no debe someterse a la presión del calendario, al menos no de 30 días.

En la misma línea de pensamiento crítico, hay quien va más allá, y hasta asegura que de lo que suceda en estos días depende lo que ocurrirá durante los próximos seis años durante el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto.

Sobredimensionan, por supuesto, quienes creen que una de las últimas acciones del gobierno saliente, determinará el futuro del entrante, como si a éste se le agotara su margen de actuación, cuando todavía no entra en escena. Relevante, sin duda, la reforma laboral que todo indica será aprobada esta semana no maniata al gobierno entrante, y recibirá con el tiempo la oportunidad de mostrar sus efectos benéficos y sus limitantes, incluso, eventualmente sus yerros; pero en todo caso, el gobierno que inicia hasta el 1 de diciembre asumirá el reto, como lo ha anunciado, de formular el nuevo marco jurídico laboral si México todavía lo requiere, y podrá hacerlo sobre las bases que la reforma de esta semana asiente, en aproximaciones sucesivas, como debe ser pues, si algo deberíamos haber aprendido en las últimas décadas, es que en la democracia, la transformación de una nación no ocurre de un plumazo y para siempre, sino de un proceso histórico que exige de todos, durante años, paciencia, sapiencia y esfuerzo.