Protestas en Turquía
Como respuesta «a la burla», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que «suavizó» la ley para liberar detenidos por cargos de vandalismo del pasado primero de diciembre, y bajo el argumento que la violencia en las movilizaciones de los últimos meses ha ido en aumento -en un promedio de una por mes- el diputado panista FRANCISCO SOTOMAYOR CHÁVEZ, propuso crear un nuevo tipo penal federal que se denomine “Contra la Paz Pública”.
El grupo parlamentario del PAN intenta elevar los castigos en el Código Penal Federal, esencialmente para aquellos manifestantes que con el rostro cubierto ejecuten actos violentos contra terceros.
Opina que el vandalismo debe frenarse mediante un cambio legal: “Buscamos crear un tipo penal en el Código Penal Federal para castigar a quienes utilicen sustancias tóxicas, inflamables o explosivas que dañen a una persona en sus bienes, en su servicios o físicamente”.
SOTOMAYOR CHAVEZ señala que las sanciones llegarían hasta 20 años de prisión, ya que la utilización de máscaras o de elementos que impidan que una persona sea reconocida se conoce en el Código Penal como agravante de responsabilidad. Además, se pretende establecer la suspensión de derechos políticos hasta por diez años.
“Esto quiere decir que si un grupo de personas se manifiestan enmascarados y lo hacen de manera pacífica, no hay delito. Pero si lo hacen utilizando bombas incendiarias sí hay delito. Y si además se cubre el rostro, la penalidad será mayor”, explicó.
Con el respaldo adicional de más de 200 diputados del PAN, PRI, PVEM y Panal, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados concretó un borrador de dictamen favorable a la reforma que establecería la cárcel para quienes generen disturbios como los sucedidos en la capital del país, Guerrero y Michoacán, en contra de vehículos, inmuebles privados y públicos.
Aunque las comisiones de derechos humanos, activistas y representantes del PRD, Movimiento Ciudadano y PT se oponen arguyendo que se atenta “contra de la libertad de expresión y que estoy criminalizando las protestas”, confío en su aprobación, en ambas cámaras, para septiembre próximo; ha referido FRANCISCO SOTOMAYOR CHAVEZ.
Efectivamente, sin duda, esa minoría violenta generadora de desobediencia, resistencia y violencia -con el propósito de  intimidar a la autoridad- querrá hacer sentir que ese cambio legal atenta contra el colectivo social, ocultando que el legislador sólo busca “el equilibrio entre bienes jurídicos protegidos”.
Bajo ese contexto, no debemos olvidar que la mayoría de países occidentales están desarrollando una política legislativa que consiste en adelantar la respuesta penal al delito mismo. El objetivo es proteger un bien jurídico; en este caso, el orden público. Para ello, se sanciona no ya la realización del delito, sino de los actos de preparación del delito.

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