Las elecciones locales del próximo domingo se traducen en una disputa por el poder.
Los gobernadores tratarán de ganar como sea unas elecciones de las que dependen, según ellos, la estabilidad de sus gobiernos y la oportunidad de controlar a sus congresos locales y las administraciones municipales.
A los gobernadores de ahora, les resulta muy complejo, y en algunos casos impensables, lidiar con una pluralidad política que pueda afectar, incluso, su propia sucesión.
En este contexto, en una profunda desconexión con la realidad de un país que urge de reformas estructurales de alcance nacional, la prioridad es el control local.
Lo mismo acontece en cuanto a las dirigencias nacionales de los partidos políticos, los cuales para salvaguardar sus cotos de poder al interior de una entidad federativa, la condición necesaria es ganar diputaciones y alcaldías porque, en teoría, para eso son los partidos: para competir y ganar elecciones, esa es su razón de ser. A este nivel la prioridad política también es local y no nacional.
Así, el trabajo de posicionar a un candidato, desarrollar campañas eficientes, y montar una operación electoral para la movilización y el voto, quedaron relegados estratégicamente porque lo más importante actualmente, sobre todo en elecciones cerradas, es destruir al adversario.
De esta suerte, la violencia se ha apoderado de muchos estados: Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila. El arrebato ha cobrado la vida a candidatos, suplentes, coordinadores de campaña, dirigentes, autoridades y políticos de todas las formaciones y, en algunos casos, ha impedido que los candidatos hagan campaña pública en las calles, como en Tamaulipas y Coahuila.
Lo anterior, refleja dos situaciones: el propósito del narcotráfico o del crimen organizado por apoderarse de gobiernos locales y eliminar a quienes no comulgan con sus propósitos, o bien, desprestigiar a candidatos que no tienen su anuencia. La segunda, la fractura social, la ruptura de un tejido que permite que surja la violencia, involucrada con la delincuencia organizada.
A causa de ello, los mensajes inducidos de encuestas engañosas, temas de vida privada, ciertos o falsos, pero en formatos atractivos para los medios y las redes sociales, han tomado carta de naturalización; el caso más notable para estudiar el fenómeno es el proceso electoral para gobernador en Baja California.
Ahí, ante el volumen de campañas negativas contra los candidatos, en las cuales, como nunca antes, el homosexualismo y el enriquecimiento inexplicable, florecieron de manera impune, porque al ser presentados en forma de denuncias anónimas o de supuestas investigaciones periodísticas, se vivió probablemente el proceso más sucio en la historia de México.
Estas prácticas fueron cuestionadas hasta hace un año. Desde entonces, lejos de buscarse controles para impedirlos, se han extendido. Son altamente exitosas para ganar votos, y quienes las hacen, ganan dinero.
Sin embargo, la culpa no la tienen quienes incurren en esas prácticas y excesos, sino quienes las permitimos y callamos. En nosotros está impedir que el futuro sea pasado; es hora de rescatar de la marginación a la razón de Estado, que une a todos.
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