En este sexenio, el vandalismo tiene permiso

@josegmunoz

 

Policías federales “armados” con escudos que los protegieron de proyectiles de piedras y de los tubazos, golpes de palos y bombas Molotov lanzadas por los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), durante el operativo de liberar la autopista del Sol ya son acusados de “violentos”, tanto por los voceros oficiales del movimiento, como por Martí Batres, dirigente formal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, brazo político de este grupo que sueña con ser la punta de lanza de la Revolución Siglo XXI (“¡Hasta la victoria siempre!”. Lema de la Revolución cubana), sólo que con proclamas confusas y argumentos que rayan en lo pintoresco.

 

Sostienen los voceros de la CNTE que “las agresiones” y “la violencia” ejercida por los policías federales para liberar la supercarretera México Acapulco, es motivo para convocar a un “paro nacional” del magisterio. Esta proclama es más un lamento por no poder exhibir siquiera un chipote provocado al calor del enfrentamiento a tanta agresión. Lejos está ya en la memoria de los twiteros y de los entusiastas de la neorrevolución el nombre de Gonzalo Miguel Rivas, aquel empleado de la gasolinera que murió el 31 de enero de 2012 a consecuencia de las quemaduras provocadas por el incendio de dos bombas de combustible que hicieron arder los estudiantes rurales de Ayotzinapa, Guerrero, para exigir privilegios.

 

El 15 de octubre del año pasado, policías federales desalojaron las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, Michoacán, tomadas por estudiantes desde el 4 de octubre, con un saldo oficial de 176 estudiantes detenidos, 13 autobuses y vehículos oficiales incendiados, 10 policías heridos y un número no determinado de estudiantes lesionados.

 

En la normal de Cherán más de 800 policías federales y estatales lanzaron bombas lacrimógenas y, a punta de toletazos, durante casi hora y media sacaron por la fuerza a 120 estudiantes que respondieron con piedras y bombas molotov. Según el reporte oficial, fueron detenidos 60 normalistas y recuperados 35 vehículos.

 

Desde el mundo del oficialismo se pregona el Estado de derecho. Se lanzan advertencias, exorcismos y se blande la espada de Damocles llamada “violencia legítima” contra quién en nombre de un derecho viole otros derechos, pero todo queda en veremos. En este sexenio, el vandalismo ha tenido todo el permiso de los guardianes del Estado de derecho, pues los vándalos de Michoacán, al igual que los del 1-D en el Distrito Federal, fueron puestos en libertad, siempre con argucias legaloides inventadas desde las mismas sedes de los poderes estatal y federal.

 

En Guerrero, el gobernador perredista Angel Aguirre Rivero llegó al extremo de enviar una iniciativa de Ley al Congreso local para dar marcha atrás en esa entidad a la Reforma Educativa federal, pero frustrada por los diputados locales, lo que enfureció tanto a los maestros, que causaron destrozos en la Cámara de Diputados local, delito por el que nadie ha sido detenido.

 

Todo indica que desde Los Pinos se ha dado la orden de que los desalojos se hagan entre nubes de algodón. Enrique Peña Nieto twiteó desde China el sábado 5: “Un saludo a la Policía Federal, respetuosa de los Derechos Humanos de los manifestantes de la CNTE en Guerrero” . Nadie en su sano juicio pide balas contra palos, pero pocos reflexionan sobre los derechos humanos de los afectados por los bloqueos y los de los policías, que son agredidos con bombas molotov que pueden matar. Los ataques a agentes federales son delitos que deben ser castigados conforme a derecho, pero quedan impunes gracias al estribillo de que son “protestas sociales”.

 

Es imposible que un revolucionario evoque ley alguna para derrocar a un gobierno. Nadie se imagina a Pancho Villa o Emiliano Zapata citar algún artículo de ley o constitucional para derrocar a Victoriano Huerta. Lo que no se vale es que se succionen cantidades industriales de recursos públicos para engrosar cuentas privadas (Martín Esparza, Napoleón Gómez Urrutia, etc.); se emprendan acciones violentas contra el orden establecido y luego se “denuncien” actos violatorios de derechos humanos que no existieron.

 

La escalada en contra de Peña Nieto viene de varios frentes, pero todos afines. No estoy pensando en una “conjura comunista”, como solía publicarse en la prensa oficialista de los años 60, cuando todo se atribuía a los dictados del Kremlin o del imperialismo norteamericano. Hay quienes atribuyen la embestida, sin bases, a Andrés Manuel López Obrador. Su poder de convocatoria no da para tanto. Su vocación es más bien pacifista, aunque en todo movimiento que “lucha” tiene en su esencia genes de violencia, pero no la que vienen mostrando algunos grupos de Guerrero, que se metamorfosean de profesores a defensores comunitarios. O campesinos sin tierra, pero armados con metralletas caras. No tienen para comer, pero sí para balas y vehículos todoterreno. La carga ideológica de estos grupos es contraria a la de AMLO. Ya lo hemos visto cuando el subcomandante Marcos se enfrentó con el tabasqueño. Y en medio de todo el embrollo, suenan los tambores de guerra del narcotráfico, financiadores de armas y movimientos que distraen y desgastan a las fuerzas federales.

 

En el último número de El Insurgente, órgano de difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario Ejército Popular Revolucionario, se lee en su editorial:

 

“Demagogia y represión ha sido el signo característico de los gobiernos priistas, con el retorno de éste a los Pinos nuevamente se vuelve a implementar como política de Estado, la demagogia para presentar fuera y dentro del país a un gobierno con una falsa careta democrática que dice respetar los derechos humanos y luchar contra la pobreza, en tanto que la miseria, la represión y los crímenes de lesa humanidad son el pan de cada día, esa es la realidad que impera a lo largo y ancho del país, donde el autoritarismo y la represión son parte de una política policiaco-militar.

 

“La “guerra contra la delincuencia” sigue bajo los mismos parámetros contrainsurgentes, con los mismos actores sanguinarios y bajo la misma política de gobierno, ejercer el terrorismo de Estado y seguir desangrando al pueblo, los miles de muertos siguen engrosando las macabras estadísticas de las decenas de miles de víctimas que ha cobrado el régimen neoliberal policiaco-militar.

 

“Del primero de diciembre a la fecha no hay día que no se registre un acto de demagogia y una acción represiva contra el pueblo. El primero de diciembre se reprimió a manifestantes, pero desde el gobierno y medios masivos de comunicación se habló de un enfrentamiento para justificar burdamente el carácter represivo de los nuevos administradores del capital, entre ellos sujetos que ayer se decían ser de izquierda, pero que siempre han estado al servicio de los intereses oligarcas y viviendo del erario público”.

(…)

 

Como puede verse, se exige que cese la guerra contra el crimen organizado. Vía libre, en pocas palabras, a los asesinatos masivos, decapitaciones, extorsiones, cobro de derecho de piso y demás modalidades de delitos que asuelan a la población.

 

Poner el orden, primero, quién es quien y luego que hace cada uno, es prioridad para la salud de la República. Los encargados de cuidar los intereses del Estado deben dar a cada quién lo que corresponde. Y si hay alguien, sea quien sea, que merezca cárcel, que se le encierre, pero que no continúe la aplicación selectiva de la ley, porque entonces se pierde calidad moral y entonces sí desde el poder se provoca el caos que amenaza con escalar a niveles de difícil control.

 

 

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