Siniestro campeonato de impunidades y corrupción

@josegmunoz

El vandalismo, el saqueo, las barbarie, el salvajismo, devastación, las masacres, el pillaje y la rapiña son la constante en todas las guerras intestinas y revoluciones que se registran en el mundo y las mexicanas –la de independencia de 1810 y la revolución de 1910— no han estado exentas de estas calamitosas características inherentes a todo movimiento social orientado a cambiar radical y totalmente los principios, estructuras e instancias de poder de un determinado sistema social.

En la guerra de independencia se calcula que murieron entre 250 mil y 500 mil personas, entre nativos, criollos y españoles. En la revolución de 1910, 100 años después, el cálculo sube a un millón de personas muertas, un 8 por ciento aproximadamente de la población total, que era de 15 millones. En 2006, el 10 por ciento de la población (algo más de 10 millones) mostró disposición de empuñar las armas para defender “el triunfo” de Andrés Manuel López Obrador, pero el tabasqueño siempre ha declarado que su movimiento es pacífico y adoptó la Resistencia Civil Pacífica como medio de lucha.

Lo anterior, a propósito de los términos “movimiento”, revolución”, “lucha”, que salen a relucir necesariamente en la persistencia de los maestros y estudiantes normalistas de Guerrero y Michoacán, y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca y parte de Chiapas, de lograr derrumbar la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, como primer objetivo y luego ir por los cambios totales y radicales de los sistemas político y económico mexicanos y sus soportes, como son la nacionalización de los medios masivos de comunicación televisivos.

Los medios su lucha no son pacíficos y ese es el punto controversial de su movimiento. Ellos y sus panegiristas un día sí y otro también condenan “la represión” de las fuerzas del orden cuando éstas ni siquiera han infligido un chipote a los rijosos manifestantes que apedrean automóviles, destruyen mobiliario de edificios públicos, incendian vehículos particulares, golpean e insultan periodistas “vendidos” y otras travesuras, como propiciar la muerte del empleado de una gasolinería, que, según ellos, son mínimas infracciones que deben quedar impunes, porque han existido otros delitos que ha cometido “la mafia” en el poder, que también han quedado sin castigo.

Y, en efecto, son muchos los agravios que la “la mafia”, la infligido a la sociedad, con impunidad total.

Como la lista es tan larga, aquí se citan apenas algunos ejemplos:

En 1958 (tiempos de Díaz Ordaz, el hombre que “salvó al país del comunismo”, según su propia definición expuesta en 1977) fue encarcelado el maestro Othón Salazar, fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio por el delito de “disolución social”, que se aplicaba a cualquier ciudadano que se atrevía a demandar alzas salariales o democracia sindical; fue despojado de su plaza de maestro y murió en la pobreza en Alcozahua, Guerrero, en 2008. El 23 de mayo de 1962 unos 20 soldados asesinaron al líder social Rubén Jaramillo, a su esposa y tres hijos y por el crimen nadie fue enjuiciado. Gobernaba el país el “izquierdista” Adolfo López Mateos.

Las atrocidades que “la mafia” cometió con los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa no tienen nombre: fueron encarcelados por el mismo delito de “disolución social” en 1959. Ellos sólo pedían mejoras salariales para su gremio, pero se vivían tiempos del “milagro mexicano” y el que lo pusiera en duda, era encarcelado. En esos tiempos, si encontraban un ejemplar de Marx o Lenin o cualquier autor de “ideas exóticas”, en el librero de un ciudadano común, era reo de alta traición a la patria. México tenía sus propias “ideas”, decían y encarcelaban a cualquier comunista o sospechoso de serlo.

El binomio Luis Echeverría-Gustavo Diáz Ordaz ordenó la masacre de 1968 en Tlatelolco donde murió, el menos, medio centenar de jóvenes que pedían diálogo. Nadie fue castigado por esos asesinatos. El 10 de junio de 1971, Luis Echeverría dispuso que el grupo paramiltar “Halcones” reprimiera con balas una marcha de estudiantes con el funesto resultado de más de un centenar de jóvenes muertos y es hora que nadie ha sido castigado. A Echeverría también se le atribuye la autoría intelectual del asesinato del líder empresarial regiomontano Eugenio Garza Sada.

La hiperactividad sexual de José López Portillo propició que su camarilla saqueara al país, hundiendo en la pobreza a millones de mexicanos, pero JLP culpó a los banqueros a quienes les expropió la banca, pero la entregó a una burocracia corrupta y sólo el “juicio de la historia” condenó a López Portillo. Miguel de la Madrid encarceló a Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, pero de la debacle económica nadie respondió. En el sexenio de De la Madrid fue asesinado el periodista Manuel Buendía y sólo fue acusado José Zorrilla Martínez, ex director de la Dirección federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular en ese tiempo fue Manuel Bartlett, ¡actual senador por el Partido del Trabajo!

Salinas privatizó Teléfonos de México y no permitió que entrara otra telefónica a la competencia, lo que propició que Carlos Slim se convirtiera en el hombre más rico del mundo. En su sexenio aumentó la pobreza, según datos del Inegi. Durante la administración de Salinas fueron asesinados el obispo Juan Jesús Posadas Ocampo y el candidato del ,PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Por ambos asesinatos se encarceló a los quienes accionaron las armas, pero pocos creen que no hayan sido “crímenes de Estado”. Los barones del dinero saquearon las arcas del banco de México en diciembre de 1994 y Ernesto Zedillo inventó el Fobaproa con ayuda norteamericana por el que pagaron los mexicanos 552 mil millones de pesos. En este mismo sexenio se perpetró la masacre de Acteal, Chiapas y Aguas Blancas, Guerrero, si que se hayan encontrado a los verdaderos culpables.

Y como contexto histórico, el gobierno ha servido de nodriza que amamanta la corrupción y ésta produce decenas de camadas de millonarios cada seis años, como lo reconociera el propio López Portillo. La transición panista no sólo no acabó con ese cáncer, sino que lo hizo crecer. Los hijos de Martha Sahagún se hicieron socios del “Chapo” Guzmán (Anabel Hernández, dixit) y se enseñorearon en varios ámbitos de la administración publica como proveedores exclusivos.

Las muertes de la Guardería ABC, los varios miles de desaparecidos, los abusos de miembros de las fuerzas armadas y tantos atropellos que se cometen a diario desde varias instancias de poder con impunidad insólita dan paso a que un grupo de maestros se erija en una especie de vengador anónimo (usan capuchas) y cometa actos vandálicos en su mayoría contra particulares que poca responsabilidad tienen de la impunidad histórica que ha caracterizado la depredación al amparo del poder público. Si sus baterías guerreras se focalizaran en los responsables del despotismo, la sociedad civil les daría la bienvenida, el aplauso y hasta el apoyo económico, pero agredir a los particulares con bandera justiciera, los condena al fracaso. Así no se hace la revolución.

 

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