TOLUCA, Méx.- Por la deficiente atención médica que recibió un interno en el penal “Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla, que conllevó a la amputación de su mano derecha, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la recomendación 23/2015 dirigida a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPYRS).
En la indagación se conoció que una doctora insultó y negó el servicio a un interno, bajo el argumento de que no tenía ningún derecho por ser delincuente, situación que evidencia un trato indigno y discriminatorio, pues si bien por ley las personas sentenciadas pierden algunos derechos por un tiempo determinado; conservan otros que deben ser protegidos y salvaguardarlos, entre ellos el derecho a la salud.
La comisión determinó que fueron vulnerados los derechos al trato digno, la no discriminación, integridad personal, a la salud y al debido proceso.
De acuerdo con la investigación realizada por la Codhem, los hechos iniciaron de una pelea entre internos, de la que uno resultó lesionado del brazo derecho, quien a pesar de ser revisado por cinco médicos que corroboraron una posible fractura, no le fue proporcionada la atención médica requerida.
También se detectaron omisiones en el llenado de las notas clínicas, así como el tardío traslado a un hospital de mayor capacidad resolutiva, por la supuesta falta de ambulancia. No obstante, cuando fue referido a un nosocomio después de varios días, le tuvieron que amputar la mano.
En el documento recomendatorio la Codhem solicitó establecer convenios con alguna unidad hospitalaria, a fin de cumplir con el Procedimiento de Traslado de internos para audiencia y definitivos, y evitar la denegación médica; asimismo pide observar la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico para considerarlo como protocolo de estudio obligatorio en la investigación clínica.
La recomendación determina brindar atención psicológica y un tratamiento rehabilitador, para que la persona afectada pueda acceder a una prótesis; además de impartir cursos sobre derechos humanos al personal del Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla.
Al considerar que la disputa entre los dos internos no generó reporte de vigilancia, se pidió instaurar el debido procedimiento para aplicar sanciones en caso de infracciones disciplinarias por parte de internos y personal.
Asimismo, la defensoría estatal de habitantes solicitó remitir al titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, copia certificada de la recomendación para agregarla al expediente iniciado, a fin de sustentar la resolución y posibles sanciones por las omisiones de los servidores públicos y personal de salud.