TOLUCA, Méx.- Cuando no existe transparencia, la sociedad no puede tener certeza sobre la efectiva rendición de cuentas, lo cual provoca desconfianza en las autoridades y, en general, en las instituciones. Por ello, cuando hay transparencia, hay una mejor rendición de cuentas, menos corrupción y mayor confianza, dijo Eva Abaid Yapur, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante una capacitación impartida a servidores públicos del Poder Ejecutivo de la entidad, adscritos a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura, la Comisionada destacó que los titulares de las unidades de trasparencia y los servidores públicos habilitados tienen en sus manos la oportunidad de trabajar para convertirse en la pieza fundamental de los gobiernos hacia los ciudadanos.
Asimismo, puntualizó que garantizar el derecho de acceso a la información pública conlleva implícitamente la búsqueda del equilibrio con otro derecho fundamental; es decir, con la protección de los datos personales, por lo que indicó a los asistentes la necesidad de encontrar el equilibrio para atender las solicitudes de los ciudadanos sin afecta la esfera de la privacidad.
“En sus manos tienen información personal, tanto de los servidores públicos que laboran en las instituciones como de los ciudadanos, por lo que también está en sus manos cuidarla y defenderla, pues podemos poner en riesgo hasta la propia vida de sus titulares”, indicó la Comisionada del Infoem.
El proceso de cumplimiento de todas las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, aseguró, es un acto en el que el Infoem y los sujetos obligados deben ir juntos, para que no se caiga en omisiones que puedan derivar en sanciones administrativas, penales o de imposición de medidas de apremio.
La Comisionada Eva Abaid Yapur reiteró la voluntad del Infoem para aliarse con los sujetos obligados, con el único objetivo de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales.