CIUDAD DE MÉXICO.- En México, la atención médica en los diferentes centros hospitalarios para brindar servicio a las comunidades y los pueblos indígenas sigue careciendo de traductores e intérpretes, por lo que la diputada Karina Sánchez Ruiz solicitó conjuntar esfuerzos desde el Congreso, dejando de lado colores partidistas, para impulsar una verdadera reforma que brinde seguridad social a este sector desprotegido.
En entrevista, la legisladora de Nueva Alianza puntualizó que el acceso a los servicios médicos es un derecho constitucional y por ello se debe legislar en políticas de salud, que permitan que familias indígenas sean atendidas de manera profesional.
Sánchez Ruiz recordó que en el país, de acuerdo al Inegi, existen 7.4 millones de personas hablantes de lengua indígena de 3 a más años de edad, lo que representaba hasta el 2015 sólo el 6.5 por ciento de la población.
Y reconoció al personal de salud, ya que a falta de intérpretes han buscado a personas indígenas de las comunidades a fin de auxiliarlos en la labor médica y poder ofrecer un mejor servicio.
“Desde la Cámara Baja hay disponibilidad de los legisladores para trabajar conjuntamente y construir políticas públicas para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ante la falta de ellas”, dijo.
La también Secretaria de Asuntos Indígenas señaló que Oaxaca es la entidad con el mayor porcentaje de hablantes con un 32.2 por ciento, seguido de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. Además mencionó que el náhuatl, el maya y el tzeltal son las tres lenguas con más hablantes.
Lo cual, dijo, subraya la riqueza cultural de las comunidades y los pueblos indígenas y el gran reto de continuar preservando las lenguas y los dialectos originarios, porque representan el patrimonio cultural y lingüístico de México. “Debemos de crear conciencia entre la población sobre la necesidad de preservar este patrimonio intangible para que no desaparezca este tesoro milenario”, expresó.
Por último, coincidió con la Organización Mundial de las Salud (OMS) en que “los servicios de salud y el bienestar de los pueblos indígenas es un verdadero desafío para el Estado y compromiso legislativo que debe de asumirse para salvaguardar el derecho de los pueblos originarios.