El informe titulado M.I.E.D.O de la organización Artículo19 reveló que durante el 2015 se registraron 397 agresiones contra periodistas entre las que se encuentra el asesinato de Ruben Espinoza en julio pasado.
“El 2015 ha sido un año increíblemente violento para la prensa”, según Darío Ramírez, director en México de Artículo 19, organización que vela por la libertad de expresión. El grupo contabilizó durante el 2015 al menos 397 agresiones y 7 asesinatos de periodistas. En promedio un periodista fue agredido en México cada 22 horas.
De acuerdo con el informe M.I.E.D.O (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad) de Artículo 19 en los tres primeros años del Gobierno de Enrique Peña Nieto se han documentado 1.073 agresiones, 19 asesinatos y tres reporteros desaparecidos.
El informe destaca que de los casi 400 casos de agresión, la mayoría se registró en la capital mexicana y el estado de Veracruz, con 67 casos;Guerrero, con 56 casos; Puebla, con 38 casos y Oaxaca,con 35 casos.
El dato. De los 397 ataques que fueron documentados contra la prensa el año pasado, 244 fueron dirigidos contra hombres, 84 contra mujeres y 69 contra empresas informativas.
El director de la organización en México, Darío Ramirez indicó que el Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte “Es el perpetrador más letal contra la prensa en la historia de México” y recordó que desde la llegada de Duarte al gobierno de Veracruz en 2010 se han registrado en la entidad 203 agresiones y 15 homicidios de periodistas.
El informe M.I.E.D.O reveló que la mayoría de los hechos violentos contra los periodistas vino de parte de funcionarios públicos y no de la delincuencia organizada «Cuatro de cada diez son cometidas por servidores públicos”
De acuerdo con los datos presentados por Darío Ramirez, la violencia hacia los periodistas se vio impulsada en parte por las elecciones intermedias que renovaron el Congreso. El ambiente electoral permitió vincular 40 casos, el 8 por ciento de las agresiones correspondió a miembros de partidos políticos, 81 por ciento a las autoridades estatales y locales, y el restante a funcionarios federales.