BAJO FUEGO. Congreso cómplice

José Antonio Rivera Rosales

Para ofrecer solución a la grave problemática de narco insurgencia instalada en la Tierra Caliente, el gobierno de Héctor Astudillo decidió enviar a la fuerza pública con respaldo del Ejército Mexicano, si bien ambas instancias actuaron fuera de tiempo cuando esa incursión debió ejecutarse desde el año pasado, con sustento en una previa labor de inteligencia.

Lo que vemos en toda la región de Tierra Caliente es, sin lugar a dudas, un fenómeno instalado de criminalidad rebelde que desde hace años permeó en la mayor parte de las comunidades, ante la mirada complaciente del gobierno de la república que, desde que en 2012 arribó el gobierno peñista al poder, simplemente ha ignorado lo que ocurría en toda esa región donde habitan, probablemente, poco más de 240 mil habitantes distribuidos en 9 municipios.

Es decir, se repite la historia del municipio de Iguala, donde dejaron crecer al grupo delincuencial conocido como Guerreros Unidos, con los resultados trágicos ya conocidos.

La mayor penetración geográfica y demográfica la tiene la formación delincuencial conocida como La Familia, liderada por Juan Hurtado Olascoaga alias El Pez, mientras que en menor proporción priva el grupo denominado Los Tequileros, ambos a cual más expoliador y cruel. Aquí, pues, ya no se trata de comercio de drogas, sino de control territorial que usurpa la función de las instituciones de gobierno.

Como en Iguala, se advierte una fuerte dosis de participación de los partidos políticos que -al igual que sucedió en aquel municipio del norte con el infame José Luis Abarca-, ahora promueven un símil grotesco con Saúl Beltrán Orozco, el delincuente que despacha como diputado en el Congreso local.

Esta problemática de violencia extrema -que se manifestó con bloqueos carreteros en 7 de los 9 municipios calentanos para obstaculizar el avance de la fuerza pública- parece no tener solución en corto plazo a menos que encuentre una salida viable el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), inaugurado en diciembre de 2015 por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Pero aquí se impone una pregunta: ¿Está funcionando en los hechos ese centro de inteligencia?

Volviendo al tema, ¿cómo podrían los gobiernos federal y estatal (los gobiernos municipales, como es obvio, están pasmados de miedo) combatir a una organización criminal que tiene el control territorial de una gran porción de la Tierra Caliente?

Ya vimos que la población, por lo menos en el caso de San Miguel Totolapan, muestra una clara aversión al gobierno que nunca antes acudió en su auxilio, a pesar de los llamados desesperados de ayuda que hizo públicos el autollamado Movimiento por la Paz, surgido de las entrañas mismas de las comunidades locales.

Así pues, hay que volver los ojos a otro actor que, instalado en su zona de confort, ha guardado un silencio cómplice de la situación: se trata del Congreso local, donde están refugiados algunos de los responsables en gran medida de la crisis de gobernabilidad que se vive en la Tierra Caliente y que, a querer o no, irradia a todo el estado de Guerrero.

Esos actores silentes, que fingen ser blancas palomas, son nada menos que los partidos políticos, parte de esa partidocracia corrupta y parásita que se ha convertido en aliada de las élites del sistema neoliberal que expolian a la población -no podría llamarse de otra manera la forma en que

estas élites se hacen cada vez más ricas a expensas de los pobres-.

Según como se ven las cosas desde fuera, son los partidos políticos representados en el Congreso los que han cobijado a Saúl Beltrán Orozco, el diputado al que se le atribuyen actos delictivos en sociedad con el grupo criminal de Los Tequileros, cuyo jefe Raybel Jacobo Almonte es nada menos que su compadrito del alma.

Cuando Beltrán fungió como alcalde de San Miguel Totolapan (2012-2015) comenzaron las incursiones de Los Pintos, como la población local dio en llamar a la tropa de más de 400 hombres con camuflaje militar y armas largas (fusilería y lanzacohetes), a todo lo largo de 2012 comenzaron a asolar la parte media de la Sierra Madre del Sur, despojando a sus moradores de tierras, bienes y ganado.

Todo este acoso de mantuvo a lo largo de 2013 sin que la gente agraviada recibiera ayuda de su alcalde, que actuaba con una actitud de desdén y soslayo, lo que obligó a la gente afectada a migrar hacia ciudades de la costa (Tecpan), hacia Acapulco -donde recibieron ayuda de la Iglesia Católica- o hacia Chilpancingo.

Sólo hubo una voz que se alzó para denunciar esta embestida criminal, la del exdiputado Catalino Duarte Ortuño, quien comenzó a informar a diferentes instancias de gobierno lo que pasaba en comunidades de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán. Las personas humildes que se atrevieron denunciar fueron ejecutadas y, casualmente, el exdiputado Duarte fue secuestrado en abril pasado sin que a la fecha se conozca su paradero.

La población local de Totolapan conoció de otras canalladas de Beltrán Orozco, quien resultó estar involucrado en los homicidios de un sacerdote católico de aquella región y de un funcionario de su propio gobierno, sin detrimento de otras linduras que se comentan en aquellos lares.

A estas alturas, ¿cómo es que ese hombre se encuentra libre y boyante sin que hasta el momento el Congreso le haya iniciado un juicio de procedencia, como lo solicitó formalmente la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo es posible que los partidos políticos invoquen diferentes argumentos legaloides para no actuar contra el todavía diputado con licencia? ¿Es tal el nivel de pudrición de los partidos políticos con presencia en el Congreso?

Hace poco destacados abogados ofrecieron rueda de prensa para denunciar que los partidos políticos PRI y PRD, que dominan el Congreso local, se niegan a terminar con el fuero. Claro, cómo van a dar fin al fuero si es su coraza para cometer delitos e inmoralidades.

Habrá que valorar que José Luis Abarca emergió precisamente del PRD mientras que Beltrán Orozco es diputado por el PRI ¿Acaso es coincidencia? Ya sabemos que Beltrán fue postulado como candidato priista a la diputación con el apoyo de su amigo Cuauhtémoc Salgado Romero, a quien debiera someterse a investigación por haber insertado en el Congreso a este y, con seguridad, otros delincuentes. No se diga el PRD.

Así pues, el silencio del Congreso -¿me está usted oyendo, diputada Flor Añorve?- convierte en un nido de delincuentes a ese órgano que en teoría representa la soberanía popular, con el debido respeto para las escasas excepciones, que están en Movimiento Ciudadano y Morena.

De ahí en adelante ¡puaf!

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