Portada del NYT espionaje a periodistas y activistas en México

19 de junio 2017.- El gobierno mexicano espió a periodistas y activistas disidentes a través de herramientas que fueron compradas a una firma israelí para perseguir a delincuentes, reveló una investigación realizada por diferentes organizaciones civiles.

La investigación –realizada por Artículo 19, R3D y Social Tic con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá– señala que a través de diversos ataques a dispositivos de los objetivos se instaló un malware, el cual da acceso a todos los contenidos y funciones de los celulares infectados, como activar cámaras y micrófonos, acceder a mensajes, fotos, contactos, agendas y aplicaciones que transfieren la información en tiempo real mediante internet.

Entre los objetivos, destaca la investigación divulgada por el diario New York Times, se encuentran integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Aristegui Noticias, y el periodista Carlos Loret de Mola.

El malware utilizado se llama Pegasus y fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que debido a las leyes internacionales únicamente es vendido a gobiernos para perseguir a criminales.

Las personas en la mira del gobierno mexicano recibieron diversos mensajes de texto en sus celulares, que con amenazas o fake news (noticias falsas) buscaban que dieran clic en ligas de internet que automáticamente descargan e instalan el virus.

De acuerdo con lo publicado este lunes por el diario The New York Times, desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa de origen israelí; y documentó que cada infección exitosa cuesta alrededor de 77,000 dólares.

“La investigación concluye que los ataques fueron dirigidos cuando los blancos cuestionaron las políticas del actual gobierno federal, por ejemplo: la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción”, subrayó el sitio Aristegui Noticias.

Asimismo, ese medio de comunicación resaltó que de acuerdo con el estudio el uso de ese software no cumple con el principio de legalidad, ni persigue un fin legítimo, además de que no contó con la autorización de un juez, por lo que los atacantes cometieron delitos graves.

“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo al New York Times Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus.

“¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.

Por otra parte, un funcionario dijo al rotativo neoyorquino que se ha recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho y rechazó categóricamente que alguna dependencia realice dichas acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial.

NYT señaló que a pesar de las sospechas del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, no hay pruebas definitivas de que sea responsable, además de que Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó.

No obstante, los ciberexpertos sí pueden verificar en qué momento se utilizó ese software en el teléfono de un objetivo, y de acuerdo con la investigación los objetivos recibieron los mensajes infectados en momentos en los que criticaban al gobierno.

 

Forbes

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