Iniciará legislatura mexiquense su 8º Periodo de Sesiones

Iniciará legislatura mexiquense su 8º Periodo de Sesiones

La 59 Legislatura mexiquense iniciará este primero de marzo su Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, precedido por 854 iniciativas de ley y puntos de acuerdo aprobados, entre estas, 27 nuevas leyes, además de que en calidad de integrante del Constituyente Permanente de la nación, avaló siete minutas de reformas a la Constitución federal.
De la legislación aprobada en dos años y medio de gestión, destaca el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de México, que establece instrumentos de prevención y rendición de cuentas, así como procedimientos imparciales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.
Las leyes del Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de Responsabilidad Patrimonial y Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se complementan con las reformas estructurales a las leyes de la Fiscalía General de Justicia, de Fiscalización Superior y Orgánica de la Administración Pública, así como a los códigos de Procedimientos Administrativos, Penal y Civil, todos de la entidad, las cuales permiten el combate frontal a la corrupción.
Otros nuevos ordenamientos son la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, esta última, incorpora como sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos, universidades, fideicomisos y personas físicas o jurídicas que reciban recursos públicos.
En materia de seguridad pública y justicia fueron aprobadas las leyes para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro; la de Indulto y Conmutación de Penas; la de Extinción de Dominio; la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, y la de la Fiscalía General de Justicia, que sustituyó a la antigua Procuraduría de Justicia.
También fue expedida la Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, para que todos los servidores públicos tengan la obligación de promover, proteger y garantizar estos derechos, así como reformas que fortalecen la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y estipulan la obligación de los servidores públicos de fundamentar y hacer pública su negativa en caso de no aceptar o incumplir una recomendación del organismo.

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