TOLUCA, Méx.- El fortalecimiento de las instituciones requiere de la profesionalización y capacitación permanente de los servidores públicos, ambas cualidades serán los pilares de la nueva sociedad, afirmó el diputado Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la 60 Legislatura mexiquense, al participar en la conferencia magistral “Sistema nacional anticorrupción y responsabilidad de los servidores públicos”.
La conferencia fue impartida por la académica Ana Elena Fierro Ferráez, quien apuntó que es hora de pasar de un modelo anticorrupción basado en la responsabilidad pasiva del servidor, a uno que se asiente en su responsabilidad activa para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
En la sede del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle) del Poder Legislativo, con la presencia de servidores de los ámbitos estatal y municipal, el legislador de morena se congratuló por este tipo de conferencias que promueve la Contraloría legislativa, y que abonan al propósito de profundizar en la transparencia y rendición de cuentas en el servicio público.
Su compañero de bancada Jorge García Sánchez expresó que combatir este problema es un eje del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que avanzar en esa lucha implica la independencia real de los tres poderes.
Recordó que en otros momentos el Ejecutivo ha maniobrado para someter al Judicial y al Legislativo mediante el control del presupuesto, de tal manera que los representantes populares deben pugnar por la separación de poderes y dedicarse a lo que les corresponde: legislar y fiscalizar los recursos públicos.
A su vez, el titular de la Contraloría y promotor de esta actividad, Victorino Barrios Dávalos, quien coincidió en la necesidad de profesionalizar y capacitar constantemente a los empleados y funcionarios públicos, informó que en los primeros seis meses de gestión municipal se han incrementado las denuncias contra ediles por diversas causas, lo que probablemente, señaló, sugiere que la ciudadanía empieza a confiar más en instituciones como la Contraloría.
Al señalar que en el Valle de México en anteriores trienios se recibieron un promedio de 50 denuncias ciudadanas en el primer semestre de la gestión, ahora se cuentan más de 110, dijo que también se están documentando más hechos de abuso de autoridad, sobre todo por despidos injustificados.
Explicó que también se aprecian muchos casos de nuevos servidores poco aptos para los cargos y refirió la necesidad de promover la profesionalización del servidor, que por otra parte debe ser persona honesta por virtud propia y no por obligación.
En su ponencia, la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señaló que el actual Sistema Nacional Anticorrupción presenta avances y novedades en la identificación y tratamiento de este mal en relación a como se abordó en el pasado, tales como el principio de coordinación de numerosas y diversas instancias oficiales, la diferenciación entre delitos de corrupción graves y no graves, la integración de ciudadanos en el comité coordinador, la alineación de su marco legal con las normas y convenios internacionales relacionados y la posibilidad de imputar a particulares por esos delitos.
Apuntó que en su instrumentación se ha observado la urgencia de preparar profesionales y especialistas en este combate; precisar la figura de conflicto de interés, ya que en la práctica la declaración de intereses no implica necesariamente un conflicto; establecer mecanismos para proteger a los informantes de algún acto de corrupción, y garantizar al servidor imputado una defensa legal.
Respecto a pasar a una etapa siguiente de responsabilidad activa del servidor, explicó que esta implica contar con servidores respetuosos de la ley no sometidos a sus mandos, imparciales para trabajar en favor de la gente, razonables para tomar decisiones equilibradas, prudentes para tomar determinaciones que no afecten y sí generen beneficios a los más, así como también estar dispuestos a hacer público su desempeño.