*Ejidatarios dispuestos a defender sus tierras que por derecho les corresponden.
*Anuncianque intensificarán sus acciones para que el Presidente de México ordene el pago por las afectaciones de la obra.
*Exigen sanciones penales y administrativas a funcionarios de la SCT y RAN que asignaron
pagos a personas ajenas al ejido.
dgar Ocampo Hernández, defensor de 283 ejidatarios de San Buenaventura, municipio de Toluca, advirtió que la obra del tren interurbano México-Toluca aún se encuentra en litigio en el Juzgado Séptimo de Distrito derivado de que el gobierno federal adeuda más de 300 millones de pesos por concepto de indemnización por los predios ocupados para esta obra.
Los ejidatarios se muestran optimistas en que el conflicto se resolverá a su favor, sin embargo, acusan a las autoridades de alargar los procesos y ser omisos en la atención de su demanda por lo que en próximos días intensificarán sus acciones para obtener la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Menciona que la SCT argumenta que ya realizó un pago compensatorio de aproximadamente 28 millones de pesos, dinero que no ingresó a las arcas del ejido y solo un pequeño grupo de personas ajenas se vio beneficiada derivada del contubernio entre la anterior mesa del comisariado ejidal con funcionarios del Registro Agrario Nacional y de la Dirección de Desarrollo Ferroviario Multimodal de la SCT, por lo cual iniciaron las denuncias penales correspondientes ante las Fiscalías estatal y federal.
Fue contundente al señalar al delegado del RAN en la entidad de expedir documentación sin estar facultado para ello, lo que lo convierte en cómplice del fraude contra el ejido de San Buenaventura.
En su más reciente movilización en Palacio Nacional exigieron un pronunciamiento de López Obrador sobre la problemática durante la conferencia matutina, ya que asegura que éste ha sido mal informado sobre la situación del estatus del proyecto respecto a los litigios pendientes, ya que en días pasados el acudió a supervisar esta obra al municipio de Zinacantepec, pese a la suspensión de plano determinada por un juez federal.
Queda de manifiesto el desinterés de les autoridades federales y estatales por resolver el conflicto, situación que San Buenaventura tendrá en cuenta en los próximos comicios.