ALMOLOYA DE JUÁREZ, Méx.- Este lunes, los hermanos Roberto y Hugo Jiménez Quiroz cumplen 53 días de haber sido ilegalmente privados de su libertad, acusados del robo a una camioneta de valores de la empresa Tecnoval, el cual se registró el 30 de diciembre del año 2020, a las 09:00 horas, en el estacionamiento de la tienda departamental Sam´s Club, en la vialidad Alfredo del Mazo de la ciudad de Toluca, momento en el que ellos se encontraban en la capital del país y de lo cual existen pruebas irrefutables, como videos del sistema de cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

 

El de los hermanos Roberto y Hugo Jiménez Quiroz es un caso más que comprueba como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante la falta de capacidad técnica y científica en la investigación del delito, “fabrica” presuntos culpables para acallar la presión social y la que ejercen las empresas que son víctimas de cada vez más robos y asaltos ante los nulos resultados en materia de prevención del delito por parte de la Secretaría de Seguridad de esta entidad.

 

El único elemento que existe para intentar vincular a Roberto Jiménez Quiroz en el robo a la camioneta de valores de la empresa Tecnoval es que él, de buena fe, el 3 de enero del año 2021 compró un automóvil marca Mercedes Benz, modelo 2010, el cual presumiblemente fue utilizado por los verdaderos autores del crimen.

 

El propio Roberto Jiménez Quiroz relató que el día 4 de enero, aproximadamente a las 14:30 horas, fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a quienes acompañaban policías estatales del Estado de México, cuando circulaba a bordo del mencionado vehículo Mercedes Benz entre las calles de Tehuantepec y Monterrey, en la Colonia Roma, de la capital del país.

 

Sin explicación alguna, sin presentar orden de aprehensión o cualquier documento que oficializara la detención, los policías capitalinos y mexiquenses inmovilizaron a Roberto Jiménez Quiroz y lo subieron a la fuerza a una patrulla, donde lo mantuvieron incomunicado mientras revisaban el interior del vehículo Mercedes Benz.

 

Cuando Roberto Jiménez Quiroz preguntó a los policías cuál era el motivo de su detención o con base en qué documento se le estaba privando de la libertad, los policías le respondieron que no contaban con orden de aprehensión, pero que estaban realizando una “investigación”.

 

Como se juntó la gente que iba pasando por el lugar, algunos de quienes comenzaron a grabar y otros a transmitir por redes sociales de internet para denunciar la ilegalidad de la detención de Roberto Jiménez Quiroz, los policías se inhibieron y decidieron soltarlo, por lo que se retiró del lugar sin nunca saber por qué lo habían tratado así los policías, a golpes y bajo amenazas verbales.

 

El día 6 de enero, con motivo del Día de Reyes, Roberto Jiménez Quiroz, en compañía de su hermano Hugo, fue a visitar a sus hijos en el municipio de Ecatepec, incluso a llevarles unos juguetes.

 

Cuando iban a llegar a su destino, los hermanos Roberto y Hugo Jiménez Quiroz fueron interceptados por un convoy de policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, quienes los bajaron del vehículo a golpes, los inmovilizaron en el piso, los esposaron y bajo prácticas de tortura los trasladaron y los presentaron ante el Agente del Ministerio Público de San Agustín, en Ecatepec, por los presuntos delitos de “cohecho, contra la salud y portación de arma prohibida”, porque obviamente ya les habían “sembrado” una bolsa de plástico que contenía yerba con características similares a la mariguana y un cuchillo “hechizo”.

 

Por esos cargos les iniciaron la carpeta de investigación ECA/ECA/EC1/034/003695/21/01.

 

En Ecatepec se mantuvo incomunicados a los hermanos Jiménez Quiroz, nunca se les permitió siquiera avisar a algún familiar sobre lo que estaban viviendo, y sin la presencia de algún abogado, aunque fuera de oficio, y mucho menos algún defensor de Derechos Humanos federal, estatal o municipal, los sometieron a interrogatorios ilegales y a una confrontación en una cámara de Gessel con representantes legales de la empresa Tecnoval y del centro comercial donde ocurrió el asalto.

 

Por supuesto que Roberto y Hugo Jiménez Quiroz nunca supieron ni de qué les estaban hablando.

 

A pesar de que ambos dijeron en múltiples ocasiones que ellos se encontraban en la Ciudad de México, el día y a la hora en que se cometió el asalto a la camioneta de valores, en Toluca, incluso escribieron una larga lista de personas –como sus vecinos—que podían dar fe de su ubicación a la hora del atraco, el Ministerio Público de San Agustín, Ecatepec, decidió consignarlos al penal de Chiconautla, de donde días después los trasladaron al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecen privados de la libertad por un delito cometido a decenas de kilómetros de donde ellos estaban el día de los hechos.

 

La defensa legal de los hermanos Roberto y Hugo Jiménez Quiroz presentó como pruebas de su inocencia videos de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México donde ellos aparecen el mismo día y a la misma hora en que ocurrió el asalto a la camioneta de la empresa Tecnoval, en la ciudad de Toluca, pero estas evidencias no han sido tomadas en cuenta por la autoridad judicial, ante la evidente consigna de inculparlos.

 

Roberto y Hugo Jiménez Quiroz recurren actualmente ante organismos internacionales, nacionales y estatales defensores de los derechos humanos, para exigir que se revise el proceder de diversos servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad mexiquense, quienes presumiblemente estarían violando sus derechos elementales en una supuesta “investigación” que evidentemente no tiene fundamento alguno.

 

Por ello, hicieron un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; al presidente del Poder Judicial de esta entidad, Ricardo Sodi Cuellar; al Fiscal General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, para que revisen, investiguen y eventualmente sancionen los excesos que se han cometido desde su aprehensión, hace 53 días, y durante los días que han pasado privados injustamente de su libertad en la cárceles de Chiconautla y Santiaguito, en Almoloya de Juárez, acusados de hechos delictivos ocurridos cuando ellos se encontraban muy lejos de la escena del crimen, presumiblemente por imputaciones de otras personas que sí podrían estar relacionadas en el asalto, como un empleado de la misma tienda departamental Sam´s Club y un custodio de la camioneta de valores de Tecnoval.

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