Recientemente, Anel Guadalupe Montero Díaz (@Anelin00) lamentó en su columna, que publica en este mismo portal, la censura encubierta que representan los convenios que suscriben los grandes medios impresos y electrónicos con dependencias gubernamentales, grandes ONGs y poderosas empresas, lo que da como resultado, hizo notar, que los lectores jamás tienen información que los prevenga de contratar determinados servicios que son auténticos fraudes en contra de consumidores o de la ineficacia de entes de gobierno en los tres órdenes. Tiene razón, los convenios evidencian que los medios cobran por lo que callan, pero hay otras calamidades de peor catadura que vale la pena recapitular.
En efecto, este es un fenómeno que pone en indefensión a consumidores de medios que leen, escuchan o ven propaganda creyendo que son entregas noticiosas de cada medio, pero los convenios de publicar información a cambio de un determinado monto, apenas si son una parte oculta de los ingresos que engordan las cuentas bancarias de los propietarios, debido fundamentalmente a que tanto medios como clientes, detentadores del poder, han frenado todos los intentos por elaborar una ley federal que regule la forma en que los medios deben presentar la propaganda y los criterios a los que deben apegarse todos los responsables de la comunicación social oficial para contratar difusión.
Esta ausencia viene aparejada a la falta de un código de ética de medios que pudiera servir de base para que cada uno incluyera cláusulas particulares para ampliar el compromiso con el público consumidor. En el sitio en línea de Raúl Trejo Delarbre, se publica “Un código de ética para los medios mexicanos”, publicado “por primera vez en Excélsior en octubre de 1994 y luego lo incorporamos como anexo a nuestro libro Volver a los medios. De la crítica, a la ética (Cal y Arena, México, 1997)”, pero apenas es un balbuceo sin eco en las grandes empresas dedicadas al negocio de la comunicación.
En el texto de referencia, Trejo propone en lo relativo a la publicidad (comercial) y propaganda (gubernamental):
“La publicidad y la propaganda, de carácter comercial o político, deben poder ser distinguidas de las informaciones o los espacios de análisis propios de cada medio de comunicación. Es preciso que se indique cuando una nota, gacetilla, inserción o cualquier otro género de material se publica o se transmite en virtud de un acuerdo comercial.” Ese es un pantano que no han querido cruzar medios y comunicadores. El diario La Jornada en sus inicios publicaba ala principio de una gacetilla pagada la frase “Inserción pagada”, pero más pronto que tarde la retiró, creo, a petición de sus clientes anunciantes. (http://raultrejo.tripod.com/Mediosensayos/Codigoetica.htm).
Jacinto Rodríguez Murguía, uno de los fundadores de Milenio, sostiene en un ensayo que “ el discurso de los medios como víctimas ha sido uno de los grandes mitos construidos desde ellos mismos para esconder otras verdades y donde prensa y poder político, permanentemente, se legitiman”. Es una especie de matrimonio por conveniencia y muchas de las veces una de las partes es forzada por la otra. Cuando el gobierno es el pretendiente, el anzuelo son los contratos de propaganda bastante generosos o la amenaza de cerrar las compuertas del dinero, como fueron los casos de Luis Echeverría con Excélsior, que sufrió un boicot de propaganda oficial y publicidad comercial, y de José López Portillo con la revista Proceso, a la que le negó contratos de propaganda con el argumento de no pagar para que le pegaran.
También se ventilan situaciones al revés: cuando el gobierno ignora algún medio poderoso de sus pautas publicitarias, se da el bombardeo con reportajes y notas “informativas” de la pésima calidad del servicio o de la corrupción que priva en la dependencia reacia a compartir las miles del tesoro nacional.
Pero no sólo son contratos de propaganda lo que persiguen los medios poderosos: algunos van por concesiones. Ya ven, Televisa es concesionaria de muchos casinos. ¿Cuál es la relación entre medios y casinos? Ninguna. Sólo la ambición de poseer más. Televisa también es proveedora del gobierno en varias dependencias.
El 3 de marzo de 2011, Proceso publicó: “Un día después de que Televisa publicara desplegados en varios medios impresos para criticar al periódico Reforma y responsabilizar a Telmex por el incumplimiento de la empresa telefónica Bestel en el contrato de licitación de una red de telefonía en el ISSSTE, el consorcio de Carlos Slim respondió que ellos han entregado 253 enlaces, de un total de 585 contratados por Televisa y que esta empresa «está pretextando su falta de cumplimiento ante el ISSSTE por problemas ajenos» al gigante de la telefonía fija.”
Nótese cómo el diario Reforma un día sí y otro también tiene información –generalmente desfavorable— de los departamentos de compras de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y otras instituciones que compran y conceden contratos multimillonarios. Esa fijación hace sospechar que los intereses de informar sobre el particular se debe a presiones para entrar a la lista de proveedores.
En 1977 Emilio Mújica Montoya, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, denunció públicamente que los ataques que le propinaba El Universal, tenían su origen en que el propietario del medio, Juan Francisco Ealy Ortiz, le había pedido una concesión para operar su avión particuñlar como aerotaxi.
En 2006, circuló una versión de difícil comprobación, pero creíble: el gobierno de Vicente Fox pagó un millón de pesos mensuales a los dos diarios de mayor circulación a cambio de que incluyeran una nota negativa contra el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. La nota debería aparecer en primera plana y tenía que ser del género “informativo” y no debería ser un ataque burdo, sino oculto, subliminal. Recuerdo una nota demoledora de Reforma, donde daba cuenta que AMLO había encabezado un mitin ante 35 simpatizantes. Imposible saber si la nota era parte del trato.
En 1996 Juan Fracisco Ealy Ortiz fue perseguido por el Gobierno de Ernesto Zedillo, por “evasión fiscal”, aunque la “causa real”, según versiones dentro del mismo edificio del rotativo, fue por haber entronizado a “salinistas” en cargos directivos, lo que fue corregido de inmediato: se degradó al entonces subdirector Fidel Samaniego a un cargo que lo alejaba de las decisiones editoriales del periódico. Casi una semana después, una “encuesta” del matutino publicada a ocho columnas daba cuenta de “Salinas es culpable” (de la muerte de Luis Donaldo Colosio). Hasta un estudiante del primer semestre de sociología hubiera notado que no hubo tal encuesta. Ealy Ortiz se estaba cuadrando ante Zedillo, a costa de su credibilidad.
La historia del poder formal y los medios está llena de lodo. Los convenios de “información”, son pecados menores.