En voz alta. Amenaza de retorno.

Finalmente, después de 26 días de ocupación, los maestros integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, el viernes 13, acataron el acuerdo con el Gobierno federal y se retiraron de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Sin embargo, algunos radicales y grupos de encapuchados (presuntamente “anarquistas”), se atrincheraron para repeler con odio, palos, tubos, piedras y bombas molotov, a las fuerzas de la Policía Federal, las cuales apoyadas con tanquetas y helicópteros, desalojaron de la Plaza de la Constitución a quienes ahí se oponían.
Lo  ocurrido en el centro de la Ciudad de México está muy lejos de ser un acto de “represión dictatorial”.
Durante casi un mes se optó por la negociación. La tolerancia tiene límites. El hartazgo de la ciudadanía era patente. Los niños sin escuela, una realidad. Otra más; manifestaciones, destrozos, invasiones, bloqueos, quemazones y muchos golpes. Más aún, ocho mil establecimientos fueron afectados y alrededor de un millón 800 mil horas hombre de trabajo se perdieron. El todo o el nada de los líderes magisteriales radicales fue polarizante.
Para ellos, empalmados con grupos armados e infiltrados, con doctrinas como la marxista, trotskysta y maoísta, nunca estarán satisfechos del éxito basado en el acuerdo político, sino sólo en la muerte de su enemigo de clase.
La meta de los dirigentes de la CNTE ahora es la del enfrentamiento encaprichado, por tanto, se seguirán generando resistencias; en este contexto, la CNTE amenaza con retornar al Zócalo el próximo miércoles, el jueves marchar del primer cuadro del Distrito Federal hacia Los Pinos y, al mismo tiempo comenzar con un “paro nacional” de 48 horas.
Esas posturas, por error e incapacidad política vilipendian a millones de habitantes del DF que ahora los repudian. Igual que lo hizo la autoridad que dejó a los maestros hacer y deshacer.
Por ello, era urgente restablecer el Estado de derecho. En las democracias, las autoridades tienen el monopolio del uso legal de la violencia para garantizarlo.
Ahora bien, si es cierto que el saldo del operativo fue de 11 uniformados heridos, así como un número indeterminado de antagonistas lesionados y 31 detenidos, ninguno de ellos identificado con la CNTE, se puede afirmar que fue “profesional y apegado a los protocolos de respeto a los derechos humanos”, como lo marcó el secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG.
Aunque es de celebrarse que aquí no haya habido saldo de muertos que hubo con motivo de protestas recientes en países como Brasil, Turquía y Egipto, las preguntas que surgen son: ¿Cómo evitamos las escenas del mes pasado en la capital, coronadas tristemente por maestros de escuela orinando en la pared de un museo por el que México es conocido mundialmente o en las esculturas del Memorial de las Víctimas de la Violencia? ¿cómo librar, en el futuro, el desprestigio de la autoridad? Y, sobre todo, ¿cómo salvar que choquen derechos como las garantías de manifestación y libre circulación?
La única forma de evitar que siga deteriorándose el prestigio del indispensable derecho a la protesta, así como el de la autoridad como árbitro de la convivencia, es legislar.
Sin duda, es necesario establecer las reglas para manifestarse. Es imperiosa una nueva legislación. Que la conozcan quienes ejercen el derecho de expresar su descontento, y que la autoridad la aplique. Hay muchos ejemplos en el mundo de ciudades liberales que regulan la protesta pública.
No hay derechos sin obligaciones, y esa es una realidad que debemos entender si queremos convivir pacíficamente en este país.

gviloria@imagenpolitica.com

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