*El contrastante discurso entre quienes llegan y los que se van
*Es falso que no cuenten con recursos y en lugar de recorte, recibirán más dinero
Por: Mario Alberto Falcón Correa
Los traumatismos financieros que acusan las nuevas administraciones municipales, son producto de una herencia negativa para aplicar la discrecionalidad en el cumplimiento de sus compromisos y los de las administraciones salientes.
En el Estado de México, desde la administración del gobernador Carlos Hank González, se implementó una estrategia administrativa para el final de los trienios y el inicio de nuevos gobiernos, cuyo objetivo era garantizar la viabilidad a los Ayuntamientos, tanto salientes como entrantes.
La fórmula fue muy sencilla. En el último año de los gobiernos municipales, la Dirección de Hacienda integraba un fondo con parte de las participaciones federales y estatales, que se entregaba a las tesorerías municipales, para el pago de sueldos y prestaciones de fin de año, la liquidación de compromisos de corto plazo con proveedores de servicios principalmente y garantizar el monto de la primera quincena de enero, en tanto comenzaban a recibir los ingresos por concepto de agua y predial, principalmente.
Los Ayuntamientos y el gobierno del estado, firmaban Convenios de Coordinación Hacendaria que los proveía de asesoramiento fiscal y asistencia técnica en materia recaudatoria, mediante las Administraciones de Rentas, ubicadas estratégicamente en el territorio estatal.
Las haciendas municipales se vieron beneficiadas, al hacerse cargo del cien por ciento del impuesto predial, del total del cobro de derechos por concepto de agua, de la expedición de licencias y permisos de toda índole, del traslado de dominio, del manejo de tránsito y otras fuentes propias de ingreso.
A los rubros anteriores, deben sumarse las aportaciones que por ley, les entregan mensualmente el Estado y la Federación, de acuerdo a los términos establecidos en las partidas participables de los presupuestos de egresos, federal y estatal.
La viabilidad financiera de los Ayuntamientos está garantizada con el marco jurídico vigente, pero la ignorancia o la impericia de los Alcaldes y sus tesoreros –en el mejor de los casos- aumenta el desorden administrativo que redunda en el dispendio de los recursos públicos.
LA REPARTICION DE CULPAS
Cada tres años es recurrente el fenómeno del discurso contrastante entre quienes asumen los cargos de los Ayuntamientos y quienes cumplieron con el ejercicio marcado por la ley.
De inicio, los nuevos Alcaldes se rasgan las vestiduras con la queja de que reciben “municipios en quiebra”; “Que encontraron las arcas vacías”; “Que lo único que reciben son deudas, algunas de ellas impagables, según su óptica”; “Que no tienen para pagar la primera nómina de enero”.
Todo el catálogo de quejas y de lamentaciones es una vulgar simulación de los Alcaldes para eludir obligaciones y justificar anticipadamente la morosidad en la que incurren.
Curiosamente ninguno de los 125 Alcaldes –de todos los partidos- hace uso de los instrumentos legales como buscar la fe notarial en la entrega-recepción; formalizar ante el órgano de fiscalización de la Legislatura una recepción bajo protesta o, de contar con los elementos necesarios, iniciar acciones legales en contra de quien saqueo las arcas municipales.
Nada de esto ocurre. Sus lamentaciones son ante los medios de comunicación y se esgrimen como pretexto con los proveedores, para incumplir compromisos o buscar “arreglos”.
La irresponsabilidad de los alcaldes y la indiferencia cómplice de los órganos de fiscalización, han permitido la acumulación de deudas en los Ayuntamientos más allá de sus capacidades de pago y representan un grave problema de las finanzas públicas.
Así lo ha constatado el Congreso de la Unión y promovieron la Ley de Control de la deuda pública de los Estados y los Municipios, que entrará en vigor en breve, en cuanto se aprueben algunas leyes secundarias para normar su aplicación.
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Desde el mes de octubre del 2015, como medida precautoria a los cambios de las administraciones municipales, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, integró un fondo con parte de las participaciones federales a los municipios, a fin de garantizar su viabilidad financiera al término de su ejercicio y velar por el inicio normal de los nuevos Ayuntamientos.
De acuerdo al testimonio expresado por el Secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga y al testimonio de las publicaciones en las Gacetas de Gobierno de diciembre de 2015, se distribuyeron cuatro mil quinientos millones de pesos a los 125 Ayuntamientos.
El criterio aplicado para la entrega de estos recursos, fue el del tamaño del Municipio, el monto de su gasto corriente y las deudas con proveedores de servicios.
Así se garantizó el pago de las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo y la prime vacacional a los servidores públicos, además de cubrir las deudas contraídas con proveedores de artículos y prestadores de servicios.
A las nuevas administraciones municipales, les fueron depositados los importes de la primera nómina de enero del 2016.
Hasta este punto se estimó la cobertura financiera de los Ayuntamientos, toda vez que en los primeros días de enero reciben ingresos por el pago anual de impuestos y derechos correspondientes a 2016 y entre el 20 y el 28 de este mismo mes, les depositan en las cuentas de los Ayuntamientos, las participaciones mensuales de la federación y del Estado.
Bajo estas condiciones, pierde toda validez y credibilidad la reiterada queja de los alcaldes, en el sentido de carecer de recursos para hacer frente a sus compromisos y a los que les heredaron sus antecesores, en virtud de que se trata de obligaciones institucionales, no de acciones personales. 