Por: Gerardo Viloria
Un tema delicado por quienes están involucrados en él, mismo que ahora se ha convertido en político y ha trascendido nuestras fronteras, es el relativo a las “ejecuciones” extrajudiciales que han ensombrecido las acciones del Ejército Mexicano, que enfrenta acusaciones al respecto.
Los hechos fueron dados a conocer por dos medios de información extranjeros los cuales filtraron el testimonio de una joven que estuvo presente el 30 de junio en la localidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que reveló que 21 de los 22 muertos fueron ajusticiados por militares después que se habían rendido.
La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos.
Sin embargo, organizaciones civiles nacionales y extranjeras como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, exigen respuesta a las “denuncias creíbles que generan dudas sobre la versión oficial”.
Justo en la víspera del viaje del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO a la ONU, el portavoz del Departamento de Estado, JEFF RATKHE, sumó desde Washington un elemento de presión al “recomendar” una minuciosa investigación de los hechos.
Las denuncias por comprobar ponen en entredicho la legalidad de la estrategia contra el crimen, así como el despliegue de efectivos castrenses en operaciones policiacas; de igual manera, el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y difunde serias dudas sobre la autoridad ética y moral de nuestras Fuerzas Armadas.
Sabemos bien que el Ejército mexicano no es una institución genocida, no es un enemigo de su pueblo y sociedad; no obstante ello, por lo pronto, el titular de la Sedena, General de División, SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, sin margen de tolerancia, está resuelto a poner orden.
Ocho militares que participaron en el choque entre el Ejército y delincuentes fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia Militar, acusados por actuar en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.
Instalado ya el cuerpo policiaco de la Gendarmería, sin duda, es momento para que el Ejército y Fuerzas Armadas retornen a sus cuarteles puesto que desde diciembre de 2006 -94 meses- se encuentran combatiendo a los criminales por la evidente corrupción e ineficiencia en múltiples cuerpos policiacos.