MÉXICO, D.F. Después de varias discusiones, desacuerdos y contrariedades, y
con apoyo del PRI, PVEM y PAN, el Senado aprobó en comisiones la minuta
sobre la Ley de Derecho de Réplica, pese a las advertencias de perredistas y
petistas de que es una legislación que se hizo para beneficiar a los medios
electrónicos, particularmente a las televisoras.
La minuta, que reglamenta el artículo sexto constitucional, fue aprobada, sin
cambio alguno, con 19 votos a favor, ocho en contra y una abstención, luego de
una discusión de más de tres horas en la que el panista Javier Corral, los
perredistas Dolores Padierna y Alejandro Encinas, y el coordinador del PT Manuel
Bartlett insistieron en que la legislación, obstaculiza al máximo el derecho de
réplica a través de un complicado proceso judicial.
Corral advirtió que violenta incluso a la propia Constitución, específicamente en su
artículo 14, ya que excluye a los grupos sociales de inconformarse con
informaciones inexactas, falsas o difamatorias. En la práctica, insistió, anula el
derecho de réplica. Lamentó que después de que casi dos años de que la minuta
llegó al Senado, no se haya tomado en cuenta las muchas propuestas de cambio
formuladas.
La perredista Padierna hizo notar que se disuelve la responsabilidad de los
medios, ya que se les permite negarse a publicar o transmitir la réplica cuando la
información que cause el agravio provenga de una agencia de noticias.
En tal caso, el ciudadano afectado deberá acudir a la agencia para que ésta a su
vez pida a los medios llevar a cabo la corrección requerida.
Recalcó que además de ello, la legislación obliga a llegar a procedimiento judicial,
con los inconvenientes que representa para un ciudadano común a un juicio civil.
Al respecto, el senador Bartlett recalcó que él tuvo que seguir un largo proceso de
más de siete años en un caso de réplica a una información falsa.
El perredista Alejandro Encinas, presidente de la comisión de Estudios
Legislativos Segunda, recalcó que es un grave error aprobar la minuta en sus
términos, ya que fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2013
y de esa fecha a la actualidad ha habido un conjunto de cambios constitucionales
y legales que obligan a llevar a cabo una revisión mucho más pormenorizada del
proyecto, en lugar de aprobarlo por consigna sin modificación alguna.