@josegmunoz
Arturo Núñez Jiménez gobernará el Estado de Tabasco a partir del 1 de enero en medio del mayor deterioro de la práctica del poder de los últimos 24 años. Los últimos cuatro gobernadores se desentendieron de mantener la esencia de gobernar y permitieron que se apoderaran del mando grupos de presión que convirtieron la gobernación en un botín particular. Crecieron negocios privados apoyados con recursos públicos. El Estado, en cuanto tal, siendo expresión viva de la sociedad organizada, se fragmentó en pequeñas ínsulas de poder de particulares y familiares del poderoso que denigraron el fin último de la política: el bien común.
En la lista oficial de proveedores del sector público, se aprecia que un buen porcentaje son, mediante prestanombres, funcionarios en activo o ex funcionarios de sexenios recientes. Tabasco dejó de figurar en los primeros lugares como productor de leche, ganado, cacao, copra, plátano, pimienta, azúcar, cuando el gobierno dejó de otorgar cuantiosos subsidios a los grandes productores y a los latifundistas que aún existen en ese pequeña entidad, con apenas 24 mil 731 kilómetros cuadrados.
Tabasco había sido gobernado hasta hace 24 años, relata el analista político Guillermo Hübner Díaz, por hombres preocupados por el bienestar de su pueblo, pero a partir del gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, las arcas públicas se convirtieron en botín privado de funcionarios públicos y un pequeño grupo de millonarios influyentes y prevé con el arribo al gobierno local de Arturo Núñez Jiménez, una esperanza para recomponer los desvíos, dada la experiencia -y “sin cola que le pisen”- que porta el virtual gobernador.
Sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas en el gobierno de Núñez, quien se enfrentará a naturales resistencias de grupos de presión, incluso de uno de los partidos que lo postuló, el PRD, cuyo líder local, Roberto Romero del Valle, puede significar el primer dolor de cabeza para Núñez Jiménez.
Los partidos políticos, según Kenneth Janda, “son organizaciones que persiguen el objetivo de ubicar a destacados representantes suyos en posiciones de gobierno”. Y eso es lo que está ocurriendo a pie juntillas en Tabasco, donde el PRD, no obstante que como partido perdió frente al PRI en las elecciones estatales (ganó coaligado con PT y MC) , quiere imponer por la vía de los hechos lo que no logró por el conducto legal, que es el voto, a personas afines a su causa, dejando afuera a representantes de las otras fuerzas políticas que contribuyeron definitivamente al triunfo de Núñez y tienen derecho a participar en la administración pública, como son, ya lo dije, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.
Alan Ware describe que un “partido político es una institución que busca tener influencia sobre el aparato del Estado, generalmente a través de cargos en el gobierno, y suele consistir en más de un interés en la sociedad, procurando agregar varios de ellos Esta definición excluye a los movimientos sociales y simultáneamente a los grupos de interés. En todos los casos no caben dudas que la principal característica de los partidos es que son instituciones políticas que vinculan al Estado con la sociedad civil”. Este vínculo partidos-sociedad no es claro en el caso de Tabasco.
El 1 de diciembre asumirá la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto en medio de un ambiente social enrarecido por la inseguridad galopante en gran parte del territorio nacional; los “muertos de Calderón” podrán ascender a 100 mil al final de su administración; 20 millones de jóvenes se han refugiado en la economía informal (en la que se puede encuadrar desde el ambulantaje hasta el narcotráfico, pasando por el gatillerismo) en virtud del soberano desprecio que la modernidad ejerce sobre la equidad social, en aras de la eficiencia; los pobres extremos en México (los que el comer diario se convierte en un triunfo) llegan a 11.7 millones de mexicanos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; siete millones de campesinos han abandonado las tareas del campo en los últimos seis años.
Todo eso es campo ideal para el florecimiento de la “industria de la reclamación”, que tantos beneficios ha producido a varios líderes sociales en Tabasco y éste es otro reto para Núñez.
El 31 de agosto, el líder del PRD en esa entidad, Roberto Romero del Valle, anunció que el 1 de diciembre “los perredistas tabasqueños tomarán pozos petroleros, cerrarán carreteras y otras acciones de resistencia civil que acuerde Andrés Manuel López Obrador, en desconocimiento del priista Enrique Peña Nieto como Presidente de la República”.
Según nota de Roberto Barbosa en El Universal de esa fecha, el líder Romero del Valle aclaró que aunque el gobernador electo, Arturo Núñez y los alcaldes perredistas respetarán la institucionalidad (Núñez asistirá a la toma de posesión de Peña Nieto), el PRD no estará en esa lógica y desconocen totalmente al político mexiquense. Habría que preguntarle a Barbosa a cuál PRD se refiere, porque el que preside oficialmente Jesús Zambrano sí está en “esa lógica” (de reconocer a Peña Nieto).
«Como partido -agregó- no estamos en esa lógica, nosotros estamos en la lógica del PRD, en la lógica de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a obedecer lo que nos diga Andrés Manuel López Obrador».
López Obrador, apenas nueve días después se deslindó de toda acción hacia el interior del PRD y respecto a Tabasco, señaló que respetará todas las decisiones que tome Arturo Núñez, con quien mantiene una estrecha amistad, por lo que las declaraciones de Romero se toman como una presión de carácter personal contra el gobernador electo de Tabasco.
La última acción del gobernador Andrés Granier fue tramitar y lograr su aprobación por parte del Congreso local, una deuda de 4 mil 130 millones de pesos, “para compensar” la disminución de más de 10 mil millones de pesos de participación del gobierno federal, en los últimos seis años, según explicó la priista presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marcela González.
Dijo que estos permitirán que el saliente gobierno de Granier Melo –dejará el cargo el 31 de diciembre– cuente con mejores condiciones financieras y ayudará a “apechugar, a mantener el orden social y un estado en paz”.
Pero para el diputado, Juan José Martínez Pérez, del PRD, la contratación del empréstito es el sello final de la administración estatal, “la cual se caracterizó por la falta de transparencia e información”, lo que es imposible desmentir.
He aquí una parte –pesada losa- del panorama que le espera a Arturo Núñez.