*La propuesta contempla crear una subdirección jurídica especializada dentro de la Secretaría de Educación, entre otras acciones.
TOLUCA, Estado de México. – Con el objetivo de establecer una red de protección jurídica para las maestras y maestros mexiquenses que enfrentan problemáticas derivadas del ejercicio de sus funciones y/o por fallecimiento.
Brenda Colette Miranda Vargas, diputada de morena, propuso modificar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación de Estado de México, de la Ley de la Defensoría del Estado de México y de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para garantizar la protección del actor fundamental del magisterio estatal: maestra y maestro.
Durante la sesión del pleno del Congreso, la legisladora de la bancada de morena, puntualizó que su iniciativa plantea la creación de una Subdirección Jurídica Especializada dentro de la Secretaría de Educación, la cual estará encargada de brindar atención legal en materias penal, administrativa y laboral, así como de coordinar convenios con la Defensoría Pública y otras instancias.
La iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de México impulsada por Colette Miranda Vargas establece que el Estado deberá proporcionar gratuitamente servicios de orientación, defensa y representación jurídica a las y los docentes, ya sea mediante convenios con la Secretaría de Educación, por solicitud directa del interesado o a favor de los titulares de derechos derivados del fallecimiento de un docente.
“Estas reformas tienen como objetivo común garantizar el acceso efectivo a la justicia para las y los docentes, bajo un enfoque de derechos humanos, legalidad, seguridad jurídica y perspectiva de género, en cumplimiento del artículo 1º constitucional”, precisó.
Las maestras y los maestros son agentes clave en la transformación educativa, en la formación de ciudadanía y en la construcción del tejido social. No obstante, este sector enfrenta desafíos constantes derivados de las complejidades propias del ejercicio docente, que muchas veces los colocan en situaciones jurídicas adversas sin contar con una red institucional de protección efectiva, precisa parte de la argumentación de la propuesta.
También puntualizó que en el Estado de México sí existen normas que reconocen derechos laborales y profesionales al personal educativo, no obstante, persiste una carencia estructural en materia de defensa jurídica especializada y gratuita para las y los docentes que se ven involucrados en procedimientos penales, administrativos o laborales como consecuencia directa del ejercicio de su función.
La diputada explicó que cuando una maestra o maestro fallece en el cumplimiento de su labor, sus deudos enfrentan trámites legales complejos, en ocasiones sin el acompañamiento necesario, lo cual genera rezago en el reconocimiento de sus derechos.
“Con estas medidas, el Estado de México no solo dignifica el ejercicio de la función docente, sino que establece una ruta institucional clara para responder a los desafíos legales que enfrenta el magisterio, así como una red de protección jurídica que será de beneficio directo para miles de trabajadores de la educación y sus familias”, precisa la legisladora en su iniciativa.
La propuesta fue turnada a Comisión Legislativa para su valoración. (Redacción)