*El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), coordinado por el diputado Omar Ortega, logró la aprobación de reformas para garantizar la atención médica a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), fortalecer la protección de los animales de compañía y declarar “El Paseo de los Muertitos” como patrimonio cultural.
*Esta bancada presentó iniciativas para fortalecer el emprendimiento, alcanzar la igualdad salarial, prevención del delito, cuidado del agua y el ambiente, y contra violencia de género, iniciativas que se estudian en comisiones legislativas.
TOLUCA. – La bancada del PRD en la LXII Legislatura mexiquense, coordinada por el diputado Omar Ortega Álvarez, logró la aprobación de reformas para asegurar detección y tratamiento oportuno a personas con enfermedades de transmisión sexual y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que incluye campañas permanentes que combaten el estigma y priorizan a población no derechohabiente.
Lo anterior durante el primer periodo de sesiones del segundo año de gestión constitucional (5 de septiembre al 18 de diciembre de 2025), en el que también logró el aval del Pleno legislativo, de manera compartida con otra fuerza política, a la declaratoria del “Paseo de los Muertitos” de Tultepec como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, así como al exhorto a los 125 municipios para reforzar acciones de control de fauna canina y felina. El punto de acuerdo subraya la importancia de atender la presencia de animales en situación de calle y el manejo responsable de mascotas para proteger la salud pública.
Por otro lado, la bancada, integrada también por la legisladora Araceli Casasola Salazar, impulsó una amplia agenda orientada a fortalecer el emprendimiento, alcanzar la igualdad salarial, prevención del delito, cuidado del agua y el ambiente, y contra violencia de género, iniciativas que se estudian en comisiones legislativas.
Para fortalecer la economía local, propuso que personas emprendedoras en desventaja accedan a programas de asistencia social, recursos y capacitación del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. La iniciativa considera que la falta de capital, altos costos y baja productividad limitan la creación y consolidación de nuevos negocios.
Con el objetivo de cerrar brechas de género en el ámbito laboral, la bancada planteó facultar a autoridades estatales y municipales para requerir tabuladores salariales a las unidades económicas. Esto permitiría verificar el cumplimiento del principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres.
En materia de prevención del delito en adolescentes, propuso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y autoridades educativas implementen programas permanentes de formación y orientación escolar. Estas acciones incorporarían derechos humanos, perspectiva de género, cultura de paz y respeto a la diversidad.
Para proteger a micro, pequeñas y medianas empresas, planteó penas de hasta 20 años de prisión por el delito de extorsión, cuando se provoque cierre o desplazamiento de negocios.
Para enfrentar la crisis hídrica desde el ámbito educativo, impulsó iniciativas para el fortalecimiento de la cultura del agua mediante campañas, materiales didácticos, certificaciones y convenios de colaboración.
También formuló que viviendas, comercios, industrias, escuelas y espacios públicos instalen sistemas de captación de agua pluvial. La Comisión del Agua del Estado de México sería responsable de establecer recursos, mecanismos de instalación, capacitación y mantenimiento para fomentar el aprovechamiento hídrico.
De manera complementaria, presentó una iniciativa para que autoridades estatales realicen diagnósticos y monitoreo permanente de los sistemas de agua potable y saneamiento. La propuesta busca reducir pérdidas y establecer un marco de colaboración entre distintos niveles de gobierno.
En materia ambiental, propuso sanciones de hasta 50 Unidades de Medida y Actualización para personas físicas o morales que incumplan la separación de residuos desde su origen. La iniciativa clasifica los desechos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, con el fin de mejorar su manejo.
Finalmente, planteó penalizar hasta con tres años de prisión el ‘stealthing’, práctica que vulnera el consentimiento al retirar el preservativo sin autorización. La propuesta considera agravantes si la conducta genera embarazo, contagio o daño psicológico. (Redacción)