ESTADO DE MÉXICO. – En el Estado de México, una familia trabajadora está a punto de perder su hogar a pesar de haberlo pagado en su totalidad, evidenciando una cadena de negligencias, omisiones institucionales y presunta corrupción que involucra a notarios, desarrolladores inmobiliarios y al propio sistema de justicia.
Karina Herrera y su esposo Víctor Sánchez adquirieron su vivienda de forma legal, firmando el contrato ante Infonavit, en presencia del arquitecto Ricardo Loyola Cantú y del notario Gabriel Ezeta Moll, entonces titular de la Notaría 82. El crédito hipotecario fue por 273 mil pesos, con un pago inicial de 16 mil pesos, monto cubierto íntegramente durante 23 años de pagos ininterrumpidos.
Pese a ello, hoy enfrentan una orden de desalojo porque el notario nunca inscribió correctamente la compraventa en el Registro Público de la Propiedad, a pesar de haber cobrado los honorarios correspondientes. Esta omisión permitió que el inmueble siguiera apareciendo legalmente a nombre del desarrollador, facilitando un embargo mercantil que ahora pretende ejecutarse sobre una casa que ya no le pertenece.
La resolución fue emitida por el juez José Antonio Malanco, quien ordenó el desalojo sin analizar a fondo las pruebas, ignorando que la familia es tercera ajena al litigio mercantil y desestimando los estados de cuenta oficiales de Infonavit que acreditan la liquidación total del crédito.
“Estamos siendo castigados por confiar en la fe pública de un notario y en una institución del Estado. Cumplimos con la ley y ahora el propio sistema judicial nos deja en la calle”, denunció Karina Herrera acompañada de la abogada Lidia Segovia.
El caso pone en evidencia un patrón sistemático: notarios que simulan actos jurídicos, cobran, omiten trámites esenciales y nunca rinden cuentas, mientras el Gobierno del Estado de México falla en su obligación de supervisarlos y sancionarlos.
A esto se suma la inacción de la Fiscalía, donde existe una carpeta de investigación abierta desde hace años que no ha sido judicializada ni notificada, reflejando un sistema que solo avanza para quienes pueden pagar investigaciones privadas.
La familia ha soportado más de ocho años de litigios, gastos constantes y un profundo desgaste emocional, sin que ninguna autoridad asuma responsabilidad.
En el Estado de México, pagar una casa no garantiza conservarla, y la negligencia de un notario puede destruir el patrimonio de toda una familia trabajadora sin consecuencias para los responsables.
Por ello, Karina exige la intervención inmediata del presidente del Poder Judicial del Estado de México, la revisión y reapertura del caso, y que se finquen responsabilidades al desarrollador, al notario y a las autoridades que permitieron estas irregularidades.
“Si esto nos pasa a nosotros, puede pasarle a cualquier trabajador con un crédito hipotecario. Hoy somos nosotros; mañana puede ser cualquiera”, advirtió.