*Acusan que la extracción clandestina de agua y la comercialización mediante pipas persisten en la zona; exigen a la FGR y a Conagua investigar y deslindar responsabilidades.
OCOYOACAC, Estado de México. Pese a los operativos implementados mediante la denominada Operación Caudal para combatir el robo y la comercialización ilegal de agua en el Estado de México, habitantes y denunciantes advierten que la extracción clandestina de los manantiales de La Marquesa continúa sin que, hasta el momento, exista una solución definitiva.
De acuerdo con la denuncia, aunque las autoridades federales y estatales realizaron acciones en distintos municipios, entre ellos Ocoyoacac, y reportaron el desmantelamiento de 190 tomas relacionadas con el llamado huachicoleo de agua, en los parajes de La Marquesa presuntamente persiste la operación de pipas que extraen el recurso para comercializarlo en otras zonas.
Los señalamientos apuntan a que algunos de los puntos intervenidos durante los operativos no habrían sido regularizados ni clausurados de manera definitiva. También cuestionan que continúe la explotación de los manantiales sin que, presuntamente, existan concesiones o permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La denuncia sostiene que decenas de pipas continúan abasteciéndose de agua en esta zona natural para trasladarla y venderla en lugares como Cuajimalpa, situación que pone en entredicho la efectividad de las acciones de vigilancia y el seguimiento a los aseguramientos realizados.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentra quién obtiene los beneficios económicos de esta actividad, qué grupos u organizaciones controlan la distribución, si existe protección de funcionarios o autoridades y quiénes serían los responsables de incumplir las disposiciones derivadas de los operativos.
Ante estos señalamientos, se exige la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Conagua y las autoridades ambientales para revisar las carpetas de investigación, verificar la situación jurídica de los puntos intervenidos y determinar si existe extracción y comercialización ilegal del recurso.
La exigencia central es que las acciones contra el robo de agua no se limiten a operativos temporales, sino que deriven en investigaciones, sanciones y medidas permanentes para proteger los manantiales de La Marquesa, cuyo aprovechamiento debe sujetarse a la legislación y a las autorizaciones correspondientes.