@josegmunoz
Parece que a nuestros políticos no se les da comprender el término «democracia» y menos cuando se refieren a los límites geopolíticos que ocupa lo que hasta ahora se llama Distrito Federal o Ciudad de México, que ha sufrido una especie de «conspiración sistemática y silenciosa del sistema político contra la expresión democrática y organización autónoma de los habitantes de la Ciudad de México», como describiera el Mario Espinosa, profesor de tiempo completo en la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana y en el Posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la UCM.
El pasado miércoles 7 de noviembre se realizó el foro «Rumbo a la Reforma Política del Distrito Federal», en que se dijo que la democracia será un tema inacabado hasta que se le dote a los habitantes de la Ciudad de México de los derechos políticos que gozan los ciudadanos de todo el país». La democracia es una utopia, como lo son el socialismo, el comunismo, la anarquía, el fascismo, la monarquía y todo sistema de gobierno aplicado o por aplicar. La utopia la describe de manera magistral Eduardo Hughes Galeano: “La Utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Esto es, la democracia no un lugar al que se llega y se es feliz para siempre, sino una constante búsqueda.
En efecto, los habitantes de lo que se llama hasta ahora Distrito Federal han sufrido la ausencia de derechos que gozan los que habitan los 31 estados de la república federal. Los «fundamentos» no han faltado. Los teóricos del sistema, como se considerara a José Francisco Ruiz Massieu, sostenían que la «yuxtaposición» de los poderes federales y estatales representaba el mayor obstáculo para otorgar al DF la calidad de «estado 32».
Hubo «demócratas», como Manuel Camacho Solís, quien desde las entrañas del poder en manos priístas proponían una democracia porfiriana, en la que los ciudadanos emitieran su voto por miembros de la una Asamblea y estos eligieran al jefe de gobierno. Una especie de miniparlamentarismo al estilo del Reino Unido o Italia, incompatible con un sistema de democracia representativa, como ordena nuestra Carta Magna para todos los estados miembros de la federación.
Por fin, en 1988 la federación «regaló» a los ciudadanos defeños en el último año del sexenio de Miguel de la Madrid (1988) la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, una especie de cabildo sin facultades para elaborar leyes. Sólo podía emitir bandos. En realidad, la creación de la ARDF no fue un generoso obsequio del sistema sino producto de la presión social sobre el presidente De la Madrid, entrampado en la peor crisis económica y política de los tiempos modernos.
Desde el inicio de la administración de Marcelo Ebrard, se ha impulsado una Reforma Política que signifique un avance en la autonomía en el Distrito Federal, pero no para la ciudadanía, como se viene manejando, sino para la clase política. Los reclamos principales son que la Asamblea Legislativa pueda aprobar los niveles de endeudamiento del Gobierno capitalino; que participe como entidad miembro de la Federación en la aprobación o rechazo de cambios a la Constitución Política y que el gobernador capitalino pueda nombrar al jefe Seguridad Pública y al Procurador, facultades estas últimas que en la actualidad son exclusivas del jefe del Ejecutivo Federal.
Reclama también que el Distrito Federal reciba de manera equitativa la participación de recursos fiscales de la federación, cuyo monto se calcula en 22 mil millones de pesos que ahora se le regatea.
La clase política capitalina sabe lo que pide, pero no ofrece a los ciudadanos lo que exige de la federación: democracia idéntica a los 31 estados, los que están integrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En las entidades federativas coexisten dos órdenes de Gobierno: el estatal, encabezado por el gobernador, y el municipal, presidido por un alcalde, al que le rodea un cabildo compuesto por representantes de todos los partidos políticos registrados que participen en la elección local.
El punto medular de que aquí no será el «Estado 32», como se maneja ingenuamente,en razón que en los estados federados de México el impuesto predial lo cobran los municipios, no el Gobierno del Estado. El Distrito Federal es el primer lugar en recaudación del predial y el ingreso por este impuesto es igual a la suma de lo que recaudan los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Guerrero, según declaración del tesorero captialino, Emilio Barriga Delgado.
El impuesto predial significa para las arcas del GDF 9 mil 77.3 millones de pesos. Otra grabación fiscal que se queda en el municipio es el Impuesto Sobre Nóminas, que significará para el GDF 12 mil 105.2 millones de pesos en este 2012.
De convertirse en «Estado», el gobierno «estatal» se quedaría en la «pobreza» y si las delegaciones se convierten en «municipios» autónomos, habría unos muy ricos, como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan, y otros muy pobres, como Tláhuac o Milpa Alta, además de que el gobierno estatal sólo tendría el recurso de endeudar a la capital hasta llegar al punto límite, como está ocurriendo en los
estados de Michoacán, Coahuila, Chiapas, Veracruz y otros, con las consecuencias fatales de imagen que haría pedazos las ambiciones políticas del gobernador en turno.
Esto es, la clase política capitalina vende la idea de que al promover que el DF tenga su propia Constitución Política y se le dote de autonomía, como a los estados, se gana «un derecho negado a los capitalinos desde 1928», pero no aclara qué régimen tendrán las actuales delegaciones políticas, gobernadas por su jefe delegacional que maneja el gobierno local sin consultar con un incómodo cabildo sobre las decisiones más importantes. Los presupuestos asignados a cada delegación, dependerán de la generosidad del gobierno central.
Por eso, Mancera sólo ha mencionado que se impulsa que la Ciudad de México se incorpore como una entidad «sui generis» a la federación. Pero ahora será el mismísimo gobierno capitalino el señalado de mantener cono ciudadanos de segunda a los capitalinos, al negarles el derecho de tener un gobierno municipal «autónomo», como en todo el país.