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@josegmunoz

 

Existen tantas y variadas comisiones con nombres tan sugerentes y actitudes displicentes que se ha tomado con escepticismo la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en los primeros días de la administración de Enrique Peña Nieto y razones no faltan por la carga de abstracción que conllevan los términos “Comisión” y “corrupción, que cuentan con tantas acepciones que es difícil adivinar cuál de ellas está en la mente de su(s) creador(es).

 

Escojo cuatro aplicaciones que da la Real Academia Española a la palabra comisión:

 

1. f. Acción de cometer. 2. f. Orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. 3. f. Encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. 4. f. Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico. Creo que la cuarta se apega un poco más a lo que puede ser la intención del oficialismo próximo a la asunción del poder.

 

En cuanto al término corrupción, encuentro en la misma fuente otras cuatro aplicaciones:

 

1. f. Acción y efecto de corromper. 2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito. 3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces. 4. f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y, como en la palabra anterior, me quedo con la aplicación cuatro creyendo que ese es el espíritu que anima a su creación.

 

Se infiere que la Comisión Nacional Anticorrupción de próxima creación podrá servir como instrumento coercitivo, más que como institución vigilante del buen comportamiento humano en el ejercicio de poder a partir de que será, según las primeras informaciones, un vigilante sin poder acusatorio, sino que cuando tenga conocimiento de algún caso, aunque tenga facultades de actuar por oficio, esto es, sin que medie denuncia, sólo podrá “dar vista” al agente del Ministerio Público que corresponda, ya sea del fuero común o del fuero federal. Vistas así las facultades, no servirá para recomponer nada y sólo será un cambio de nombre a un elefante blanco que no opera, porque será una dependencia más del Ejecutivo, al igual que las agencias del ministerio público tanto federal como del fuero común.

 

Así, la lucha contra la corrupción se convertirá en un lema más para la construcción de imagen y su futuro puede ser desastroso, si no se le dota de autonomía plena de los poderes, como funciona el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información.

 

Ahora bien, la nueva institución deberá tener bien definido que significa, para efectos prácticos, el término “corrupción”, para fin de poder cumplir con eficiencia su encomienda, si es que esa es la intención, porque la palabrita ha sido bandera de campaña más de un candidato que acaba en un desastre anticlimático, como ocurrió con el gobierno de José López Portillo, quien propuso en campaña que “la solución somos todos”, para acabar en el consenso popular de que “la corrupción somos todos”, incluso aceptado implícitamente por el propio JLP, quien dijo que “dondequiera que se le rasque, brota la pus”.

 

Francisco Rojas Gutiérrez, el primer zar anticorrupción, asumió la Contraloría de la Federación en 1982 y se encargó de encarcelar al ex precandidato presidencial, rival político de Miguel de la Madrid, Jorge Díaz Serrano. También la emprendió contra el general Arturo Durazo, hombre que se enriqueció sin pudor alguno al convertir la entonces Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Distrito Federal en un negocio particular que producía millones de pesos producto de extorsiones y saqueo sin límite de la dependencia. Al primero lo mantuvo en prisión varios años, hasta asegurarse que no volvería a pretender la Presidencia y al segundo lo encarceló ocho años.

 

De Durazo, dice el analista Humberto Musachio, “La extorsión a sus subalternos era materia conocida por muchos. Instauró también, en 1976, la creación de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), institución cuya siniestra fama de albergar a agentes policíacos corruptos y despiadados fue célebre entre la población. Dicha corporación fue dirigida por su amigo Francisco Sahagún Baca. Era común que los policías adscritos a esta división «amadrinaran» (protegieran) a delincuentes probados para liberarlos posteriormente a su captura, bajo un espectro de corrupción muy extendido y enraizado. Dentro de esta premisa, los mismos policías capitalinos, ante dicha impunidad, tuvieron libertad de realizar asaltos a bancos y a diferentes comercios, así como también la extorsión y privación ilegal de la libertad de muchos ciudadanos que transitaban como cualquier otro en las calles de la ciudad para «sembrarles» delitos varios como tráfico, lenocinio, homicidio, robo, violación etc, para inculparlos por estos delitos que no habían cometido y solapar a criminales de su propia corporación policiaca”.

 

Eso, es corrupción extrema, vista, palpable, que no requiere de elucubraciones; no tiene que explicarse ni ponerse a discusión. Es detectable a simple vista, pero, ¿Que va a pasar con la otra corrupción, la invisible, la que parece que no rompe un plato, pero corroe la esencia misma del sistema?

 

El mismo Francisco Rojas ha dicho que la ineficiencia también es corrupción y ¿dónde hurgará la Comisión anticorrupción peñista para acabar con ese cáncer?

 

¿Es corrupción no cumplir con los objetivos de gobierno de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a los ciudadanos, como el del trabajo, la salud y la educación? De castigarse con cárcel esta omisión, ningún ex presidente se salvaría.

 

Todo el aparato de Justicia, desde el procurador hasta el sancionador, pasando por el impartidor, está plagado de ineficiencias históricas; la ley es todo un garrote que blanden sus aplicadores para extorsionar a quienes nada deben; las facultades omnímodas que tienen los agentes del ministerio público y los jueces, así como los carceleros, forman parte de un entramado de vergüenza en los grandes foros internacionales.

 

En el ámbito de la administración pública, las compras y los servicios a los gobiernos federal estatal y municipal, son patrimonio de bandoleros de cuello blanco.

 

¿Contra quién va la Comisión Nacional Anticorrupción?

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