Ciudad de México, 11 de marzo.- Este lunes se anunció en conferencia de prensa la conformación de un Comité de organizaciones civiles e individuos encaminados a defender la zona del Bosque Otomí-Mexica en el Estado de México, especialmente en oposición al proyecto de autopista privada Aeropuerto de Toluca-Naucalpan.
El conflicto
Cabe recordar que dicho proyecto se ha mantenido inconcluso desde hace seis años, debido a la resistencia puesta en manifiesto por diversas comunidades indígenas de la zona, sin embargo el 26 de enero pasado, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila realizó una magna ceremonia para anunciar que ahora sí, estaban determinados a vencer de una vez por todas los obstáculos y comenzarían a reiniciarse las obras para poder inaugurar el proyecto carretero en 2015.
El gobernador habló de la enorme inversión que supone el proyecto, más de 7 mil millones de pesos, a pesar de que la concesión pertenece a una sola empresa para construir, administrar, manejar y dar mantenimiento al proyecto por 30 años. Sin embargo se omitió detallar que los «obstáculos técnicos» son una serie de comunidades indígenas que se han movilizado social y legalmente para detener lo que consideran una imposición que provocará un «ecocidio» que afectaría también la estabilidad del bosque, zonas protegidas de humedales y la recarga de acuíferos del centro del país, entre otras afectaciones.
A este conjunto de comunidades indígenas que han manifestado oposición al proyecto, se han sumado a manera de comité, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Yosoy132-Madrid, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, la Red de Antropologías Populares del Sur, Colectivo Agrario Abya Yala – Colombia, Másde131 – ITESO Guadalajara, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Colectivo Raíces, Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid y el colectivo Másde131 de la Universidad Iberoamericana, entre otros; éste último anunció que proximamente estrenará un documental en el cual se relatan las afectaciones y resistencia de las comunidades afectadas.
Adelanto del documental
La denuncia
En evento realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México, se dió lectura a una carta en solidaridad con las comunidades afectadas, que está siendo distribuida alrededor del mundo por medio de las redes sociales, en la cual se está invitando a personas y colectivos a manifestar su rechazo al ecocidio que pretende cometerse en una zona, que ha sido catalogada como vital para la recarga de acuíferos en el centro del país.
También tuvo participación en el evento una de las abogadas del Comité, quien denunció que el estado ha violentado a las comunidades desde el hecho de haber enviado a cientos de elementos policiales, granaderos y hasta judiciales para incidir en las asambleas comunales manipuladas para determinar en favor de los intereses de la empresa constructura, Autovan SA de CV, propiedad del empresario Armando Hinojosa García; «A mi me ha tocado ir a asambleas donde más de mil granaderos, contra 300 o 200 comuneros están cuidando que la elección sea para un comisariado espurio y corrupto, presto para negociar con los intereses de las empresas y no para defender los intereses de la comunidad», contó la defensora Esther.
La abogada también denunció la falsificación de documentos, afirmando que se fabricaron actas a gusto de las empresas y a espaldas de los comuneros, donde las autoridades agrarias, a sabiendas de que hubo falsificación, de todas formas las registraron tratando de dar apariencia de legales, «hasta ese grado llega la intervención de la empresa y del estado con el apoyo de la Procuraduría Agraria, para imponer los intereses de esa carretera», señaló.
La licenciada, quien se identificó como defensora legal de las comunidades de San Fco. Xochicuautla, Lerma, y Santa Cruz y San Fco. Ayotuxco, Huixquilucan, denunció que hasta la fecha existen al menos cinco amparos con suspensiones decretadas, mismos que intenta omitir el gobierno estatal.
Otra cuestión que destacó la defensora es el hecho que no existe un convenio de ocupación previa, ni un proceso de expropiación válido, a pesar de ello ya se ha establecido incluso un plazo para imponer el proyecto; también denunció que el gobernador ha pretendido sobrepasar sus funciones al emitir un decreto unilateral de expropiación, siendo que un gobernador no tiene la facultad de expropiar tierras comunales, lo cual ha dejado al decreto carente de validez jurídica.
Se denunció con especial énfasis que el gobierno estatal no ha respetado las órdenes de suspensión, prueba de ello es la enorme devastación que las obras han ocasionado a comunidades como Santa Cruz Ayotuxco, donde se extinguieron las únicas cascadas que había en la zona, además de casi desecarse por completo los manantiales de agua, de los cuales además depende la comunidad para su subsistencia. Cabe señalar que en diversas comunidades del Bosque Otomí-Mexica, la pureza del agua de los manantiales permitía a los habitantes vivir sin garrafones ni agua embotellada, sin embargo, ésto es algo que está cambiando tan solo con las obras que ya se han realizado. La experta lamentó que los juzgados afirmen que «no hay ninguna violación», «siendo que han visto a las maquinarias, han visto a los policías que defienden a los trabajadores de la empresa, en vez de defender la ley».
Cabe señalar que en investigación realizada por Huellas de México, detectamos que el criterio 191 del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de México (MOETEM) dice a la letra «No se permitirá ningún tipo de actividad a una distancia menor a 100 metros alrededor de afloramientos superficiales de aguas subterráneas», a lo cual la misma empresa reconoce en su Manifestación de impacto ambiental, del cual Huellas de México posee copia, que existen al menos 20 manantiales en esas condiciones, sin embargo se justificaron afirmando que «De acuerdo al estudio hidrólogico realizado no se afectará su gasto. Al respecto se ejecutarán estructuras de protección y conducción necesarias», cabe señalar que tan solo con las obras previas para la autopista ya se está rompiendo con ésta condición que tenía la empresa, lo cual podría ser motivo para emitir la suspensión definitiva del proyecto.
También se mencionó el caso del juicio agrario 647, en el cual, el Tribunal Agrario, afirmaba no haber detectado ninguna irregularidad en el proceso, por lo cual la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, se fue a amparo directo (DA-5042013) en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, quien en su sentencia ordenó al Tribunal Agrario reponer el procedimiento y que se pusiera a investigar si existía algún decreto expropiatorio, situación que fue negada por cada una de las instancias consultadas por el Tribunal Agrario, por lo cual, al quedarse sin argumentos, su única opción fue ampararse (482014) en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito, éste amparo está próximo a definirse; por lo cual hizo un llamado a la congruencia al tribunal, para respetar la primer sentencia, al tiempo que alentó a la opinión pública a manifestarse en favor de ésta campaña para presionar a las autoridades para exigirles el respeto a la ley.
Afectados Ambientales
De igual forma tuvieron participación miembros de las comunidades afectadas, quienes describieron con tristeza la enorme devastación ambiental que ya se ha ocasionado en la zona tan solo con los primeros trabajos.
Organizaciones locales también están realizando campañas en contra de la autopista, hace unas semanas mencionabamos la denuncia de ongs que afirman que el estado mexicano está violentando más de 300 artículos de leyes, reglamentos y tratados internacionales, con las constantes violaciones a las Ciénegas de Lerma, humedales de importancia internacional, que también estarían siendo afectados con el proyecto carretero, de forma irreversible.
Una de las más notables violaciones a la normatividad cometidas por las instituciones ambientales, es la falta de un Programa de Manejo del Área de Prótección de la Flora y la Fauna, Ciénegas de Lerma, siendo que la ley establece que se tenía un plazo de un año para presentarlo a partir de su decreto; en noviembre pasado se cumplieron ya 11 años y sigue sin emitirse el programa de manejo respectivo; las Ciénegas de Lerma serán vulneradas por el proyecto carretero en su polígono 3, conocido como la Ciénega de Chignahuapan. A pesar de ello la SEMARNAT concluye en el manifiesto de Impacto Ambiental que no se viola la norma existente respecto a los humedales, sin embargo el problema es que ni siquiera está definida la norma aplicable pues no han emitido el programa de manejo, solamente se remiten al brevísimo Decreto de Área de Protección de tan solo 9 páginas (4 para definir las coordenadas), en donde no se especifican las condiciones por las que se podría autorizar el tránsito de una superautopista a tan solo unos metros de distancia, por el contrario, se menciona que no se permitirán las obras en zonas aledañas que puedan vulnerar los sedimentos, lo cual es de esperarse pues existen decenas de especies en riesgo. Todo esto no fue considerado en la autorización emitida por Semarnat.
En la sesión de preguntas y respuestas también se hizo referencia al incidente en el cual, sin justificación alguna se llevaron presos a 11 habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, mismos que tuvieron que ser liberados posteriormente, con la condición de que no realizaran ninguna actividad de protesta contra el proyecto de autopista.
El aviso
Se anunció también que el próximo 22 y 23 de marzo, la comunidad Ñhato de San Francisco Xochicuautla, será sede del encuentro regional del Congreso Nacional Indígena (CNI), en el cual se darán cita comunidades originarias de los estados de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal, quienes darán continuidad a los acuerdos emanados de la reunión del CNI que se realizó en el marco de la cátedra Tata Juan Chávez, en San Cristobal de las Casas, Chiapas. Cabe señalar que el CNI está encabezado por las comunidades zapatistas de Chiapas, aunque también está integrado por los pueblos Wixárika, Purhépecha, Yaqui, entre muchos otros. En la declaratoria oficial firmada por más de 50 distintas culturas originarias del continente, se pidió también el respeto a la comunidad Ñhato del Bosque Otomí-Mexica, así como «la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado autopista privada Toluca-Naucalpan».
Raúl Flores Durán