Pronunciamiento por José Julio Vázquez Hernández, Secretario General de la Delegación 25 del SNRP, Acapulco, Gro.
La masacre cometida contra cinco personas en la colonia Narvarte de la ciudad de México, entre ellas nuestro colega fotoperiodista Rubén Espinosa, constituye una nueva escalada en la violencia ejercida contra periodistas por parte de sicarios del crimen organizado o de agentes del estado.
Ayer por la tarde noche, familiares confirmaron que entre las cinco personas torturadas y ejecutadas en un departamento de esa populosa colonia del Distrito Federal, figura el cuerpo de nuestro compañero periodista, quien desde hace semanas se había refugiado en la capital del país huyendo del acoso de desconocidos presumiblemente armados que lo seguían a todas partes en su natal Veracruz.
Espinosa, quien laboraba para la revista Proceso y la agencia fotográfica Cuartoscuro, fue torturado con arma blanca antes de ser ultimado de dos tiros en la cabeza. Como información preliminar, las autoridades del Distrito Federal indicaron que junto con el cuerpo del periodista se encontraron también los cuerpos de cuatro mujeres a quienes los sicarios aplicaron el mismo procedimiento de primero torturarlas con arma blanca y luego asesinarlas.
Dos cuerpos de mujeres fueron encontrados en una habitación, el cuerpo del fotoreportero con otra mujer en otra y, finalmente, el cuerpo de otra dama que al parecer cumplía con labores domésticas fue encontrado en el baño.
Esta mecánica revela una dimensión aterradora: quienes perpetraron este crimen repugnante siguieron al compañero Espinosa hasta la ciudad de México sólo con el fin de asesinarlo de la manera más bestial que hayamos conocido. Esto evidencia una premeditación perversa en la mente de los asesinos, a quienes no importó masacrar de manera despiadada a un grupo de mujeres indefensas con tal de atacar a su blanco principal, que estamos seguros era el compañero periodista.
Desde septiembre de 2013 nuestro compañero fue agredido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, quienes con golpes lo obligaron a borrar fotos de un desalojo violento. El atentado contra Espinosa, pues, en cierto sentido estaba anunciado.
Esta escalada, que se traduce en 88 periodistas asesinados en territorio mexicano -ahora 89, con la muerte de Rubén Espinosa-, sólo nos muestra que nadie está a salvo, que ninguno de quienes ejercemos la profesión de informar a la ciudadanía puede escaparse de la violencia que ejercen los poderes fácticos, si fuera el caso, o del poder público que se siente violentado cuando la prensa responsable denuncia procederes indebidos.
En este contexto, no nos sorprende la forma tan omisa en que han reaccionado las autoridades del Distrito Federal, tanto el gobierno de Miguel Mancera en lo general como su Procuraduría de Justicia en lo particular, a pesar de que el Distrito Federal es la sede del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas.
Esta actitud carente de preocupación y responsabilidad social, que debiera proteger la vida de los periodistas como un eslabón clave de nuestra pretendida democracia, sólo demuestra que la clase política mexicana busca el poder por el poder mismo, para regodearse en sus beneficios y desatenderse de la ética de servicio a la nación.
La organización internacional Artículo 19 señaló en un informe reciente que durante la gestión de Enrique Peña Nieto crecieron en un 65 por ciento las agresiones contra periodistas.
Así las cosas, qué podemos esperar los periodistas de todo el país, especialmente en estados como Veracruz o Guerrero, que junto con Oaxaca constituyen las zonas más peligrosas para ejercer la noble profesión de informar.
Con todo, estamos en la postura de exigir a las autoridades federales, comenzando por el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto, que asuma su responsabilidad de brindar la más elemental justicia para la familia de estas cinco personas asesinadas tan vilmente, en especial para la familia de nuestro compañero Rubén Espinosa.
A la Procuraduría General de la República (PGR), exigimos que atraiga el caso para llevar ante los tribunales a los responsables materiales e intelectuales.
Toda la comunidad de la información se cimbró, con justa razón, por este crimen tan horripilante que estaba anunciado públicamente por el compañero masacrado, pero que ninguna autoridad atendió.
Desde Guerrero ofrecemos a la familia del comunicador nuestras condolencias y solidaridad en lo que esté a nuestro alcance colaborar.
Esta masacre demuestra que, hoy más que nunca, la integración, cohesión y solidaridad orgánica es la única forma en que la palabra escrita y la imagen incómoda, podrán defenderse de las balas.
Acapulco, Gro., 2 de agosto de 2015.
