*Estados y Municipios necesitarán el aval de Hacienda para obtener créditos
*La Ley de Disciplina Financiera es un cimiento del Sistema contra la Corrupción
Carlos de la Borbolla
Tras una década de grilla legislativa, de partidos y de actores políticos, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la envió al Presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación, publicación en el Diario Oficial y vigencia inmediata.
El dictamen avalado en San Lázaro incluye reformas a las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública, y General de Contabilidad Gubernamental, para cerrar el círculo jurídico que pondrá fin a la hipoteca de las haciendas estatales y municipales y a la opacidad que por muchos años encubrió enriquecimientos ilícitos y negocios poco claros en beneficio de unos cuantos.
En diversos foros y en distintas ocasiones, la sociedad organizada demandó de los funcionarios estatales responsables de las finanzas públicas y de los tesoreros municipales, información clara y precisa sobre el nivel de endeudamiento y el destino de estos recursos.
Fuera de los informes oficiales, nada permitía a los ciudadanos conocer el uso y destino de los millonarios recursos confiados a sus gobernantes, para elevar las condiciones de vida de los ciudadanos como generadores de la riqueza.
Con legislaturas indiferentes y legisladores complacientes o cómplices, el Ejecutivo estatal y los Alcaldes, han eludido rendir cuentas claras a sus gobernados, sin que existiera un mecanismo legal que los hiciera sujetos obligados a la rendición de cuentas.
De una deuda de dos mil millones de pesos que dejó Emilio Chuauyffet Chemor a su incorporación al gobierno federal, su sucesor, César Camacho Quiroz la elevó a 20 mil millones de pesos y en la actualidad suma 39 mil 945 millones de pesos, sin sumar lo que en este año crezca.
Hasta la administración del gobernador Enrique Peña Nieto, la Ley de Presupuesto de Egresos presumió de un grado cero de endeudamiento, pero este esquema se rompió en 2012 y el monto de la deuda pública volvió a crecer pese a los pagos mínimos de capital realizados.
Los municipios como Naucalpan, Ecatepec, Huixquilucan, Tlalnepantla y Atizapán, enfrentan fuertes endeudamientos, no solamente con la banca comercial, sino con la CFE, con la CONAGUA y con el ISSEMyM, que no registran en sus contabilidades anuales o de entrega-recepción.
La deuda oculta suma miles de millones de pesos y no existía mecanismo legal para exigir su esclarecimiento.
NUEVO ESQUEMA CREDITICIO
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no cancelará la facultad de los gobiernos estatales o municipales de contratar créditos, pero ahora deberán justificar su aplicación, el grado de urgencia y, sobre todo, garantizar la capacidad de pago.
Diputados y senadores establecen la condición de que, cuando el nivel de endeudamiento de un ente público se clasifique como sostenible, estará en aptitud de adquirir financiamiento hasta por el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición. Es decir, del monto del presupuesto que esté libre después de cubrir sus obligaciones, podrán disponer del porcentaje citado.
Las facultades de las Legislaturas locales se reducen al simple aval de las solicitudes crediticias que formule el gobierno del estado y los ayuntamientos, pero será la Secretaría de Hacienda y la Cámara federal quienes den luz verde al endeudamiento público.
Cabe mencionar que de acuerdo a los datos oficiales entre las entidades más endeudadas a la fecha, se encuentran Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Coahuila, Chihuahua y el Distrito Federal.
La Auditoria Superior de la Federación realizará junto con la Secretaría de Hacienda, un análisis de la deuda del Estado y de los municipios mexiquenses –al igual que en otras entidades- a fin de establecer con precisión las posibilidades crediticias de ambos entes a partir del 2017.
COMBATE A LA CORRUPCION
Para los legisladores, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, es uno de los cimientos sólidos del Sistema Nacional Anticorrupción que será aprobado en el actual período de sesiones del Congreso de la Unión.
La Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios es un instrumento legal que da respuesta al clamor de los mexicanos respecto de los malos manejos de endeudamiento y su uso indebido, de negocios ilícitos por parte de algunos gobernantes que acaban con el futuro de las próximas generaciones.
Los legisladores se convencieron de que es momento de poner orden y evitar abusos en la conducción de las políticas de endeudamiento de algunos estados y municipios que lo único que hicieron fue comprometer el futuro económico de las siguientes generaciones.
La aprobación del dictamen para normar la deuda pública de los estados, determina que el endeudamiento público directo, indirecto, los pasivos con proveedores, la deuda contingente y todo tipo de obligaciones en que incurren los gobiernos estatales y municipales tendrá que ser asentada y subida en un registro nacional.
Con esta ley ya no se va a poder ocultar la deuda, como ocurre en estados y municipios que asientan cifras menores a las reales y no existe instancia que supervise esa acción.
La Ley de Disciplina Financiera, contempla sanciones penales a los servidores públicos que ocasionen daño a la hacienda pública y está sustentada en cinco ejes:
El primero fija reglas para garantizar la ejecución prudente y eficiente del gasto. Establece límites al techo de financiamiento de las entidades, según el nivel de endeudamiento: 10% para deudas estables, 5% paras las que se encuentren en observación y sin aumento para las que tengan un nivel elevado.
En segundo lugar, se establecen nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda. “Este ordenamiento no prohíbe que los estados recurran a la contratación de deuda, pero establece principios y lineamientos para que lo hagan de forma mucho más ordenada.
El tercer componente es la creación del Registro Público Único en el que los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales, deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras.
En cuarto lugar se establecerá un sistema de alertas que permitirá identificar a los estados y municipios conforme a su nivel de endeudamiento.
Y en quinto lugar es la oportunidad para que estados y municipios puedan obtener créditos con el aval de la Federación y con ello disminuyan los costos y se garantice el cumplimiento.
La discrecionalidad de gobernantes en el endeudamiento público llegó a su fin.