*Órganos garantes deberán cumplir parámetros de la norma
*Recurso de inconformidad y de atracción, herramientas para el ciudadano
TOLUCA, Méx.- La adecuada tutela del Derecho al Acceso a la Información Pública depende de que el estándar que define la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), realmente se observe en todo el país, indicó José Guadalupe Luna Hernández, Aspirante a Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).
Mencionó que todos los órganos garantes de los estados, responsables de garantizar que los servidores públicos cumplan con los parámetros que establece dicha norma de carácter general, atiendan las solicitudes de información con apego a ese estándar.
Explicó que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) cuenta con dos instrumentos esenciales para defender el interés de la sociedad. Uno es el recurso de inconformidad, mediante el cual el solicitante impugna una resolución del órgano garante local, al considerar que la decisión que sigue limitando el acceso a la información no es correcta ni apegada al estándar que define la LGTAIP.
Otra de las herramientas con las que cuenta el INAI es el recurso de atracción, “que debe de ejercerse cuando los comisionados integrantes del INAI aprecien que los temas que se están resolviendo en los estados, merecen ser elevados a nivel nacional, para establecer un criterio que pueda servir como guía y parámetro general para todo el país”, mencionó.
Luna Hernández precisó que su propuesta tiene como finalidad divulgar, con mayor énfasis, la existencia del primero de estos procedimientos y ejercer más el segundo, para que así las resoluciones emitidas por los órganos garantes locales realmente cumplan con el estándar de protección que define la norma.
Subrayó que, “desde el INAI se debe de divulgar y fortalecer mucho más el conocimiento del recurso de inconformidad, así como de promover el ejercicio del recurso de atracción, son éstas dos propuestas que habremos de enfatizar, porque de ellas depende que realmente se homologue, en todo el país, un estándar correcto en la tutela del derecho a la información pública”.