El Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el cómputo final de los comicios, otorgó la validez constitucional y aprobó la declaración de presidente electo para Enrique Peña Nieto, quien según las cifras oficiales obtuvo 19 millones 158 mil 592 votos. Fue el colofón del proceso.
En la sesión de ayer los magistrados lanzaron advertencias sobre las secuelas políticas en torno a su determinación, la cual, dijeron, tomaron con estricto rigor jurídico. El presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, lanzó una máxima de Cicerón: “no es posible someter el derecho al capricho personal ni infringirlo ni desnaturalizarlo con el poder”.
Fallo con elementos del expediente
Tras una larga exposición exaltadora de las virtudes del proceso, Manuel González Oropeza aseguró que en el ámbito judicial no hay negociación posible ni presiones que valgan; los interesados se someten ante la autoridad de un tribunal con sus alegatos y pruebas y es él quien tiene que tomar su decisión exclusivamente con los elementos que obran en el expediente dentro del marco de la ley.
Consecuencia lógica de la sesión que la víspera desechó todos los agravios argumentados por el Movimiento Progresista, el TEPJF aprobó el proyecto –de mil 300 cuartillas– de validez de la elección, en el que se dieron a conocer las cifras finales de las votaciones, en las que participaron 50 millones 143 mil 616 ciudadanos.
El cómputo final indica que el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 15 millones 848 mil 827 votos; Josefina Vazquez Mota, candidata del PAN, 12 millones 732 mil 630, y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, un millón 146 mil 85.
Según el proyecto, se resolvieron 367 juicios promovidos contra las actas de cómputo de 296 distritos, así como el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Se declararon infundados los agravios denunciados por la coalición: financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto mediante la triangulación de empresas con el banco Monex; compra y coacción del voto a partir del uso de diversas tarjetas; encuestas manipuladas con fines propagandísticos, y gastos excesivos en la campaña priísta, entre otros.
A diferencia de los argumentos del Movimiento Progresista, para los magistrados los comicios se realizaron acordes con los principios constitucionales.
Señalaron que partidos y coaliciones contaron de manera equitativa con los elementos para realizar sus campañas, “existiendo equidad en el financiamiento de los distintos institutos políticos”.
Luna Ramos: el nuevo presidente debe gobernar para todos
Luna Ramos consideró que “la sociedad debe estar cierta de que la calificación presidencial fue celebrada en estricto apego a derecho” y fueron analizados de manera exhaustiva y responsable todos los elementos probatorios, “por lo que a mi juicio procede declarar válida la elección y declarar a Enrique Peña Nieto presidente electo”.
Afirmó que es momento de que el ganador en las urnas no pierda de vista que deberá gobernar para todos, y que las oposiciones dimensionen “el importante papel que tienen de ser conciencia crítica, que representarán al someter al nuevo gobierno a un escrutinio continuo. Eso es su deber, no sólo como instituciones de orden público, sino su obligación patriótica”.
Agregó que la actuación del TEPJF “otorga certeza de la legitimidad de nuestros gobernantes y lo hace con la imparcialidad e independencia exigida”.
Sostuvo que la construcción del sistema electoral mexicano ha recorrido “un difícil pero esperanzador camino”.
González Oropeza, una postura sin concesiones
El ministro González Oropeza advirtió que la decisión del TEPJF no emana “de un laudo donde las partes conceden graciosamente al árbitro la facultad para dirimir los conflictos. Es la resolución final de un tribunal constitucional que no depende de las voluntades individuales de las partes para acatarla”.
Los magistrados se dieron espacio para parafrasear a personajes ilustres. “Ha sido costumbre –decía Emilio Velasco en 1874– en nuestras prácticas políticas, que el candidato derrotado, alegando fraudes y nulidad de la elección, levante revoluciones y provoque trastornos. Cuán conveniente no hubiera sido, cuántos males no se hubieran evitado a la República, si el derrotado hubiera tenido acceso a los tribunales para que revisaran la elección”, dijo González Oropeza.
Sostuvo que México “ya no es un país de caudillos, sino de instituciones”. Después arremetió contra el Movimiento Progresista: “si este tribunal fuera más allá de los alegatos y las pruebas aportadas, como se quiso en los juicios de inconformidad, investigando por su cuenta toda clase de ilícitos que se denunciaban de manera vaga y genérica, citando a cualquier persona que le fuese sospechosa, el régimen de estado de derecho se trastocaría para convertirse en una dictadura judicial”.
Subrayó que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la Presidencia fue de 6.62 por ciento y hubo una repartición plural de cargos, por lo que se desprende que la sociedad mexicana ha optado por la pluralidad.
Galván: “equidad permanente”
Integrante de la comisión calificadora, Flavio Galván dijo que se pronunciaba por declarar la validez de la elección asumiendo la responsabilidad plena ante la soberanía nacional y ante la historia. Externó su certeza de que más de 50 millones de mexicanos votaron por voluntad propia y sin sometimiento alguno.
Primer orador en la sesión, retomó algunos de los argumentos planteados el jueves, al declarar infundados todos los agravios planteados por la coalición. La equidad fue permanente y la elección fue libre y auténtica, como marca la Constitución, afirmó.
Penagos: no hay sistema democrático sin reglas
El magistrado Pedro Esteban Penagos subrayó que no hay sistema democrático sin reglas y principios constitucionales.
“Las elecciones libres constituyen la piedra angular de la estabilidad constitucional, política y social”, sostuvo.
Agregó que procedía decretar la validez de la elección luego de que el TEPJF desahogó la fase contenciosa y resolvió todos los juicios de inconformidad, anuló 524 casillas, recontó mil 125 paquetes y depuró la votación.
Apuntó: “en la democracia, un voto hace la diferencia, y Peña Nieto obtuvo una ventaja de 3 millones 309 mil 765 sufragios en relación con el candidato que quedó en segundo lugar. Es obvio que procede declararlo ganador de la elección de presidente”.
Alanís: calificación estricta
Para María del Carmen Alanís, la valoración de los comicios presidenciales se realizó de forma “estrictamente jurisdiccional”, y estimó que el proceso fue construyendo su propia legitimidad a cada momento, “con la firmeza que el principio de definitividad (de cada etapa) otorga sucesiva y progresivamente a cada acto”.
Enunció 10 momentos clave en la consolidación de un proceso democrático, según dijo, basado, entre otros aspectos, en la capacidad reglamentaria del Instituto Federal Electoral y las resoluciones del TEPJF, que dotaron de certeza la competencia.
Destacó las dimensiones de la elección en cifras, aunque citó algunas equivocadas: 75.5 millones de ciudadanos en el listado nominal (son 79.5 millones), el décimo más elevado del mundo. Destacó que se transmitieron 44 millones 159 mil 520 espots desde el 18 de diciembre, y puso énfasis en la conquista de mayores espacios para las mujeres (representarán más de 30 por ciento en el Congreso) como marco de los comicios presidenciales.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/