@josegmunoz
La burocracia dorada, la “alta”, la que gana “menos que el Presidente de la República”, pero más que el común de los mortales (entre 100 mil y 150 mil pesos) en ingreso oficial, sin contar con las mieles de los extra, que pueden llegar a ser el doble o el triple (no hay límite) sin tener que declararlo a Hacienda ni dar cuentas as nadie de su existencia (salvo a los segundos frentes, que brotan como por arte de mag(f)ia), esa que Vicente Fox pretendió institucionalizar con el Servicio Profesional de Carrera, según el cual cada funcionario que haya logrado un cargo “por sus méritos”, no debería ser despedido al cambiar el titular del gobierno federal cada seis años, está nerviosa.
Resulta que el PRI pretende modificar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para que el equipo de Enrique Peña Nieto reparta a discreción cerca de 4 mil plazas de directores generales, director de área y hasta jefes de departamento entre amigos, parientes, enemigos comprables y recomendados. El reparto del botín, pues.
En teoría, se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para evitar que la asignación de cargos de mayor responsabilidad en el gobierno dejara de ser el reparto de gracias entre los afines a quienes están en posición de definir quién entra y quién se queda, sino que de inicio deberían ingresar en exámenes de oposición, aunque eso resultó un engaño.
En el sitio http://redaccion.nexos.com.mx/?p=4176 se cita parte de una investigación de José Luis Méndez, que titula “El servicio profesional de carrera (SPC) en la administración pública federal” donde se aprecia que en las dos administraciones panistas “va en contra de los objetivos declarados de la construcción de un servicio civil, es que el propio gobierno ha sistemáticamente violado el principio meritocrático de contratación, y cita:
“…prácticamente desde que se estableció el sistema de ingreso por mérito, la competencia entre candidatos ha sido evitada con frecuencia. Existe una sospecha generalizada de que los exámenes se proporcionan clandestinamente a los candidatos favoritos…
“…más allá de estas sospechas, hay un dato objetivo: la utilización excesiva e injustificada del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional, el cual establece excepciones al ingreso por concurso en casos de extrema necesidad (por ejemplo, desastres naturales). En los últimos tres años del gobierno de Fox hubo 2290 nombramientos por el artículo 34…En los primeros años del sexenio de Felipe Calderón ese número se incrementó de manera importante: entre enero del 2007 y julio del 2008 se realizaron cerca de 7000 de estos nombramientos…
Algunas víctimas del juego de concursar por una plaza, refieren que “lo único que logras es perder tu tiempo, constatar la corrupción que existe y (los concursos) crean la deslealtad entre compañeros de trabajo, pues entraron al sistema de mi computadora, para ver si podían conseguir el examen¨ entonces me enteré de que el examen lo había preparado la persona que estaba contratada por el famoso artículo 34, es nauseabundo…”
Un burócrata en activo en el gobierno del Estado de México confiesa: “…somos gente privilegiada: tres periodos vacacionales al año, bonos económicos de “productividad”, prestaciones superiores a las que se suponía sólo serían posibles en un régimen ‘socialista’ y, sí, la gran mayoría compadres y parientes de alguien que es o fue jefe en alguna dependencia. sin temor a equivocarme diría que 9 de cada diez llegan por esos méritos y no profesionales ni laborales; no por méritos propios. A cambio, todos fieles al poder: una grosera pero tangible reserva de votos en favor del partido que presume haber ‘ganado’ la elección presidencial. ¿Alguien piensa que con él cambiarán las cosas? No esperen milagros, será todo lo contrario, porque efectivamente, se trata de un botín.
Fernando Dávila Miranda escribe: “El Servicio Profesional de Carrera presenta una deficiente transparencia en cuanto a resultados, más aún cuando éstos implican el dejar vía libre a las designaciones directas aduciendo el art. 34 de la Ley del Servicio Profesional. Si bien en la fase de exámenes vía electrónica el concursante obtiene un resultado (sin posibilidad alguna de cotejarlo), en la fase de entrevista directa no existe ningún informe, y lo que se obtiene es un correo que indica que la plaza por la cual se concursa quedó desierta.
“No hay más que hacer, ya que aquí se enfrenta un cerco informativo y el área de reclutamiento simplemente no se sale del guión de que no se cubrió el puntaje requerido. Lo perverso del esquema es que la misma Secretaría de la Función Pública avala estas decisiones cupulares de impedir que candidatos no afines al equipo del directivo accedan a una plaza. En efecto, el esquema deberá revisarse, pero poco podrá lograrse si continúan lagunas que no obligan a ofrecer información abierta y auditable por parte de los candidatos. Al fin y al cabo sólo son folios que se desechan. ¿Y la plaza vacante? Seguirá sin titular varios meses y ocupada por una persona afín de manera provisional. Es este el esquema de trapecista que caracteriza lo que se diseño como una opción ocupacional contra la imposición y el reparto de botín en la administración pública. Y esa es otra de las materias pendientes que la administración panista deja de herencia al nuevo gobierno”.
Se pueden contar por miles de buscachambas y oportunistas que medran con el reparto de puestos de alto nivel. Incluso, se llegan a vender, como ocurrió con las simples audiencias con el presidente Vicente Fox, según relata la periodista Olga Wornat, en su libro La jefa.
Manuel Leví Peza afirma: “Cada gobierno crea sus propios monstruos y con ellos legitimiza el nepotismo, la atrocidad burocrática y los suntuosos festines dados con cualquier pretexto”.
Victoria de la Luz denuncia: “El proceso no es ni democrático, ni transparente. Yo concursé recientemente y si bien mis calificaciones fueron las más altas de los tres a quienes se entrevistaron, simplemente se me indicó vía correo electrónico que no era finalista. Al ingresar de nuevo a la página, ya no hay ningún dato respecto al concurso, así que ignoro quién es el titular del puesto que se suponía que se estaba concursando o cuál es el destino de esa plaza. Historias como estas, las hay por millones; el problema es que en general, nadie se queja ni dice nada. Nadie hace preguntas o solicita se verifiquen los resultados. Aún cuando hay gente a la que algún supuesto concursante les aseguró que él era quien se iba a quedar con la plaza, nadie denuncia”.
Las modificaciones a la citada ley acabarán con la farsa de la meritocracia. El totalitarismo está de regreso.