@josegmunoz
El jueves 14 de los corrientes los “revolucionarios” de varias denominaciones que cuentan con recursos para viajar sin límites a cualquier parte del mundo donde se pueda ir a rumiar el martirologio y exhibir al gobierno federal, estatal o local sin distinción de partido político alguno, se anotaron otro “triunfo” mediático al participar en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, contra el “gobierno represor” de Enrique Peña Nieto. En cambio el del Distrito Federal, curiosamente en tiempo que gobernaba Andrés Manuel López Obrador, quedó ileso.
En dicha sesión participó en representación del gobierno federal, Lía Limón, subsecretaria de Gobernación, quien se disculpó por los abusos cometidos por policías federales en el operativo para poner orden en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Allí también se denunció al gobierno del Distrito Federal por el caso de la activista de Derechos Humanos Digna Ochoa, en el que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal declaró que el motivo de su muerte fue por suicidio. La mayor parte de los medios impresos capitalinos encabezó la información con las disculpas de Lía Limón y en el cuerpo de texto, ni siquiera se mencionó que el caso de Digna Ochoa, del que se exige que se reabra el expediente pues los familiares de la luchadora por los derechos humanos en la capital no están conformes con que el procurador Bernardo Bátiz haya declarado como suicidio su muerte.
Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco se han distorsionado conforme pasa el tiempo. El impacto mediático estaba perfectamente calculado. Los dirigentes de la organización denominada Frente de los Pueblos para la defensa de la Tierra, creada para impedir que el gobierno de Fox construyera un aeropuerto alternativo para la Ciudad de México, asesorada por el subcomandante Marcos que por esas fechas promovía en San Salvador Atenco la llamada Otra campaña, aprovechó que las autoridades municipales de Texcoco impidieran que ocho floricultores se instalaran en un lugar prohibido para escalar una ola de protestas hasta convertirlas en una asonada que centraría la atención de medios impresos y electrónicos.
Las turbas se habían apoderado de calles y se exhibieron ante las cámaras de televisión que transmitían en vivo a grupos armados que secuestraron e incendiaron varios vehículos , secuestraron a varios funcionarios y policías y amenazaban con quemarlos vivos y hacer estallar una pipa de gasolina; bloquearon de manera intermitente la carretera Texcoco-Lechería.
La escalada violenta era insostenible, por lo que el gobernador del Estado de México en ese tiempo, Enrique Peña Nieto, pidió la colaboración de fuerzas federales y detener la violencia que amenazaba con aumentar en dimensiones inimaginables.
En el operativo, se cometieron inaceptables abusos, como el que varias de las mujeres hayan sido vejadas sexualmente en el autobús que fueron trasportadas a la cárcel de Almoloya, lo que fue debidamente castigado. También en la refriega resultaron dos jóvenes muertos: Javier Cortés, de 14 años y Alexis Benhumea, de 20. Las cámaras de televisión también transmitieron momentos en que policías golpeaban sin compasión a personas ya sometidas, lo que se ha explicado hasta el cansancio como “excesos inevitables” en momentos de crispación. Se antoja imposible que la policía pida con una sonrisa a una turbamulta que deje de generar violencia.
Lo que no se ha dicho es que los varios de los policías que cometieron atrocidades aún purgan condenas en varias cárceles del Estado de México y que todos los que participaron en los motines están en libertad, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de julio de 2010, porque el gobierno no cumplió con el “debido proceso” (presentó pruebas falsas) y porque “no se debe criminalizar la protesta social”.
Los gobiernos federal y de los estados de Guerrero y Michoacán, al menos, han seguido al pie de la letra la no criminalización de la “protesta social”, aunque los protestadores hayan asesinado, como fue el caso de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, donde murió Gonzalo Miguel Rivas Cámara a consecuencia de quemaduras en el incendio de una gasolinería provocado por los estudiantes.
La estrategia es bien conocida. En una carta de de Fererico Engels a J. P. Becker fechada en Londres el 14 de mayo de 1984, se deja más que clara que Engels deja alumnos que trascendien el tiempo y el espacio:
“RESPECTO de la agitación en Alemania, las cosas no van tan mal, aun cuando la prensa burguesa oculte la mayor parte de lo que está ocurriendo y sólo de cuando en cuando se le escape un chillido de terror ante el hecho de que el partido está ganando terreno paso a paso en lugar de perderlo.
La policía le ha abierto un campo realmente espléndido a nuestra gente: la ininterrumpida lucha contra la policía misma. Esta se lleva a cabo siempre y en todas partes con gran éxito y, lo que tiene de mejor, con gran humor. Los policías son derrotados y obligados a buscar desesperadamente una transacción. Y yo creo que esta lucha es la más útil en las actuales circunstancias. Por sobre todo, mantiene encendido en nuestros mozos el odio al enemigo. Peores tropas que la policía alemana no podrían enviarse a nuestro encuentro; incluso allí donde llevan las de ganar sufren una derrota moral, y entre nuestros muchachos crece día a día la confianza en la victoria. Esta lucha hará que, tan pronto como termine por relajarse la presión (y ello ocurrirá el día en que empiece el baile en Rusia), no nos contaremos por centenares de miles sino por millones. En la dirección hay muchos elementos podridos, pero tengo una confianza sin límites en nuestra masa, y la tradición de lucha revolucionaria que le falta, la está cobrando aceleradamente en esta pequeña guerra con la policía. Y usted podrá decir lo que quiera, pero todavía no hemos visto un proletariado que haya aprendido a actuar en forma colectiva y a marchar unido en tan corto tiempo. Por esta razón, aun cuando nada se trasunte en la superficie, creo que podemos esperar con calma el momento en que suene el llamamiento a las armas. ¡Verá usted cómo se alistan!”.
Por otra parte, está más que claro el gobierno de Enrique Peña Nieto no es ni con mucho un “represor”, aunque su gobierno provenga del mismo partido del de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó que se masacrara a estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Peña Nieto bien pudo, de haberlo querido, atraer para el gobierno federal los actos vandálicos del 1 de diciembre del año pasado y encarcelar a quienes desde el anonimato destruyeron propiedades privadas por alrededor de mil millones de pesos. Los pocos que fueron procesados, salvo uno, gozan de plena libertad, gracias a que el gobierno de Miguel Mancera ordenó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la ley para deshacerse de esa papa caliente de enfrentar a grupos revolucionarios.
Lo que si es preocupante es el miedo del Estado a ejercer sus funciones de jercer de manera legítima la violencia. Hay que recordar que a nombre de “la revolución” se cometen crímenes atroces y no precisamente abonan causas revolucionarias, sino intereses ilegítimos, como el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se apoderaron del negocio del narcotráfico tanto en Colombia como el internacional, con ramificaciones en México, además de protegerse de una incursión del Ejército de su país, porque mantienen secuestrados a 694 ciudadanos, según la ONG Fundación Nueva Esperanza que acopia los registros de la Fiscalía y otros organismos de seguridad sobre el secuestro en Colombia.
La insistencia en que se castigue a los “verdaderos responsables de la represión” es apuntalar la imagen de represor de Enrique Peña Nieto, porque, deducen fue quien ordenó, como gobernador del estado de México en 2006, que las fuerzas del orden rebasaran sus funciones legales en el apaciguamiento de la violencia y justificar así nuevas “protestas pacificas” “hasta la victoria siempre”.