*El organismo indaga señalamientos sobre objetos prohibidos en una celda, posibles extorsiones y presunta explotación sexual de mujeres privadas de la libertad.
TOLUCA, Estado de México. – La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició de oficio una investigación por los hechos presuntamente ocurridos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, luego de conocer una publicación difundida en redes sociales.
De acuerdo con el organismo, el material publicado contiene señalamientos sobre la presunta presencia de aparatos y objetos cuya introducción al centro penitenciario no estaría permitida, así como posibles casos de extorsión contra personas privadas de la libertad y sus familiares.
Asimismo, se denunció presunta coacción a mujeres privadas de la libertad para realizar actividades de explotación sexual, hechos que, por su gravedad, podrían constituir violaciones a derechos humanos y revelar posibles irregularidades u omisiones de autoridades penitenciarias.
Ante estos señalamientos, la CODHEM registró el asunto y lo remitió a la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, instancia que llevará a cabo las diligencias correspondientes conforme a sus atribuciones legales y reglamentarias.
El organismo defensor de derechos humanos subrayó que la privación de la libertad no implica la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales, por lo que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de garantizar la integridad y seguridad de las personas bajo su custodia.
La CODHEM señaló que dará seguimiento al caso con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, particularmente ante los señalamientos relacionados con violencia, explotación y posibles actos de extorsión.
La apertura de la investigación no prejuzga sobre la veracidad de los hechos denunciados ni determina responsabilidades individuales, sino que busca esclarecer lo ocurrido y, en caso de acreditarse vulneraciones a derechos humanos, establecer las acciones que correspondan dentro de las facultades del organismo.
La Comisión reiteró que ninguna condición de internamiento puede justificar actos de violencia, explotación, extorsión o impunidad, y refrendó su compromiso de proteger la dignidad de las personas privadas de la libertad.