*Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, el diputado Eduardo Zarzosa pidió anticipar riesgos de violencia política y establecer mecanismos para proteger a candidatos, partidos y ciudadanos.
TOLUCA, Estado de México. – El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense exigió al Gobierno del Estado de México informar sobre la estrategia de seguridad que implementará rumbo a las elecciones de 2027 y propuso instalar de inmediato una Mesa Estatal de Seguridad Electoral para prevenir agresiones, amenazas e intimidaciones durante el proceso.
Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, el diputado Eduardo Zarzosa fijó el posicionamiento de la bancada priista y cuestionó las acciones previstas por la administración estatal para anticiparse a posibles conflictos políticos, preservar la gobernabilidad y garantizar que la ciudadanía pueda votar y ser votada en libertad.
El legislador sostuvo que la estabilidad política debe traducirse en condiciones concretas de seguridad para quienes participen en la contienda electoral, así como en garantías para el ejercicio de los derechos políticos.
“La gobernabilidad también debe traducirse en garantías concretas para quienes participan en el proceso electoral, porque una elección sólo puede ser verdaderamente libre si existen condiciones de seguridad”, afirmó.
Zarzosa también señaló que las instituciones públicas deben mantenerse libres de vínculos con estructuras criminales y mencionó la Operación Enjambre como antecedente de las investigaciones sobre presuntas relaciones entre servidores públicos municipales y organizaciones delictivas, incluidos mandos de seguridad.
Como parte de su propuesta, el PRI planteó establecer una Mesa Estatal de Seguridad Electoral que articule la coordinación entre instituciones, permita identificar zonas de riesgo y defina mecanismos de prevención y atención oportuna antes y durante los comicios.
El diputado advirtió que la violencia política puede afectar la participación democrática cuando las amenazas inhiben candidaturas, limitan las actividades de los partidos o generan temor entre los votantes.
“El Estado debe actuar antes de que la violencia inhiba candidaturas, silencie voces o intimide al electorado”, expresó.
Finalmente, Zarzosa insistió en que la seguridad electoral requiere acciones preventivas, información oportuna, coordinación permanente y capacidad de respuesta, en lugar de medidas que se activen únicamente después de registrarse agresiones.
Con este planteamiento, la bancada priista colocó la seguridad y la prevención de la violencia política entre los temas que, a su juicio, deben atenderse desde ahora para generar condiciones de participación y competencia democrática rumbo a 2027.