¿Quién Protege el Huachicol del Agua en la Marquesa? Persiste el Saqueo Pese a Clausuras y Operativos

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*Denuncian que continúa la extracción, distribución y comercialización irregular de agua en los valles de La Marquesa, pese a las intervenciones de las autoridades.

*Una carpeta de investigación y presuntos vínculos sindicales ponen bajo cuestionamiento la actuación de las instancias responsables de frenar estas actividades.

 

 

LA MARQUESA, Estado de México. – ¿De qué sirven los operativos, los sellos de clausura y los discursos oficiales si el presunto huachicol del agua continúa operando en los valles de La Marquesa? Esta es la pregunta que vuelve a colocar bajo escrutinio a las autoridades ambientales y de procuración de justicia, ante las denuncias de que la extracción, transportación y comercialización irregular del recurso hídrico no ha sido frenada.

 

Pese a las intervenciones oficiales realizadas en la zona y a la colocación de sellos de clausura en puntos señalados por presunta explotación de agua sin los permisos o concesiones correspondientes, denunciantes aseguran que estas actividades continúan, lo que pone en duda la efectividad de las medidas implementadas y el seguimiento que se da a los establecimientos intervenidos.

 

La gravedad del problema radica no solamente en la posible comercialización ilegal de un recurso indispensable, sino también en las consecuencias ambientales que puede generar su extracción descontrolada en una región de importancia ecológica, donde la disponibilidad del agua y la conservación de los ecosistemas deberían ser una prioridad.

 

El caso cuenta con una referencia de investigación identificada con el Número Único de Caso TLA/FFA/RFT/010/192842/26/07. Sin embargo, los denunciantes cuestionan la falta de información pública sobre los avances de las indagatorias y las acciones emprendidas para impedir que las actividades señaladas continúen.

 

Entre los nombres mencionados en los señalamientos ciudadanos figuran Enicar Rivera y Alan Iturbe, respecto de quienes se pide esclarecer si mantienen alguna relación con las actividades denunciadas. También se cuestiona la posible intervención de estructuras sindicales y supuestos acuerdos que, de acuerdo con los denunciantes, podrían brindar respaldo a estas operaciones.

 

Se trata de señalamientos que deben ser investigados y corroborados por las autoridades, así como respondidos por las personas mencionadas y las organizaciones sindicales a las que se hace referencia.

 

Pero las interrogantes no terminan ahí: ¿quién permite que continúen las actividades en puntos que ya fueron objeto de clausura?, ¿qué seguimiento se ha dado a los sellos colocados?, ¿por qué no se han informado resultados concretos de la investigación?, ¿existen responsabilidades administrativas o penales que todavía no han sido esclarecidas?

 

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué está ocurriendo con las denuncias y qué acciones se están tomando para proteger el patrimonio natural de la región.

 

La Fiscalía, las autoridades ambientales y las instancias responsables de la administración del agua tienen la obligación de esclarecer los hechos, verificar que las clausuras se cumplan y, en caso de acreditarse delitos, proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables.

 

Los sellos de clausura no pueden convertirse en simples advertencias sin consecuencias. Si las actividades denunciadas continúan, las autoridades deben explicar por qué sus operativos no han logrado detenerlas y qué medidas adoptarán para impedir que el presunto negocio ilegal siga avanzando.

 

En La Marquesa, el cuestionamiento es inevitable: ¿se trata de falta de capacidad institucional o existen intereses que están obstaculizando el combate al huachicol del agua? La respuesta debe llegar con investigaciones transparentes y resultados, no solamente con nuevos operativos y anuncios de clausura.


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