TOLUCA DE LERDO, Estado de México. – El diputado local por el municipio de Tecámac, Samuel Hernández Cruz, informó que remitió un oficio formal al Fiscal General de Justicia del Estado de México, mediante el cual solicitó información y, en su caso, la apertura de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas difundidas públicamente en redes sociales.
De acuerdo con dichas denuncias, personas que se identifican como integrantes de corporaciones de seguridad habrían incurrido presuntamente en actos de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, revisiones sin orden judicial y extorsión, principalmente sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac y la zona de Ojo de Agua.
El legislador detalló que, conforme a los testimonios difundidos, en algunos casos se habría solicitado a las víctimas la entrega de cantidades que alcanzarían hasta los 100 mil pesos, a cambio de no ser presentadas ante la Fiscalía, hechos que —de confirmarse— serían de la mayor gravedad y ameritan una investigación exhaustiva.
Hernández Cruz recordó que el pasado 15 de enero el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Extorsión, la cual fortalece de manera significativa el marco legal para enfrentar este fenómeno.
Destacó que, con esta nueva legislación, la extorsión es un delito que se persigue de oficio, lo que significa que las autoridades están obligadas a investigar y actuar aun sin denuncia directa de la víctima, con el objetivo de proteger a las personas afectadas y evitar la impunidad.
Asimismo, subrayó que de encontrarse responsables, quienes resulten culpables de este delito podrían enfrentar sanciones que alcanzan hasta 42 años de prisión, conforme a lo establecido en la ley vigente.
“No estamos acusando ni señalando culpables, pero sí estamos actuando con responsabilidad institucional para que se aclare si estos hechos corresponden a operativos oficiales o si se trata de una presunta red de extorsión que debe ser investigada y combatida conforme a la ley”, afirmó el diputado.
El legislador subrayó que dará seguimiento puntual a la respuesta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y reiteró que, en caso de acreditarse irregularidades, será indispensable sancionar a quien resulte responsable, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y preservar la confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
“La seguridad pública no puede ser pretexto para abusos ni para extorsionar a la ciudadanía. Toda persona tiene derecho a saber quién la detiene, con qué facultades y bajo qué fundamento legal”, puntualizó. (Redacción)