@josegmunoz
Wallace: “era algo pactado”, dice uno de los encabezados que sobre el caso Florence Cassez publicó Milenio. El primer párrafo sugiere, insinúa: “Era algo concertado y pactado y creo que escogieron el peor caso para mandar el mensaje de que se deben respetar los derechos humanos”, dijo Isabel Miranda de Wallace entrevistada por MILENIO, minutos después de conocer la resolución de la Corte”.
Como que la nota deja muchas interrogantes en el aire: ¿Quién pactó qué?, porque en un pacto, hay acuerdo entre dos o más partes, que intercambian algo. Isabel Miranda de Wallace sabe más de lo que reproduce Milenio en su portal de noticias de la red de redes. ¿Quién da y quién recibe a cambio de qué?, nadie lo explica y esto da pie a otras hipótesis:
“Pudo ser que Florence Cassez sea una moneda de cambio de Peña Nieto para aplacar la embestida diplomática francesa con la que se pretende obligar a Arturo Montiel a que regrese a los hijos gemelos de él y la francesa Maude Versini, a quienes mantiene en su poder, luego de haberlos secuestrado, según acusación de la propia Versini”, dispara Daniel Adame Osorio, politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, en una charla informal con el autor de estas líneas.
El caso Versini-Montiel ha sido ampliamente tratado por la revista Proceso, que sostiene que podría dar pie a un nuevo escándalo diplomático entre México y Francia. Pero de mayores dimensiones, creo yo, porque para Francia, según el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy, la defensa de Florence se daba sólo por el hecho de ser francesa, el caso Versini-Montiel tiene dimensiones mucho mayores, porque Maude Versini es francesa; porque estuvo casada con el ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel; porque Montiel estuvo a punto de ser el candidato presidencial del PRI y porque Montiel es nada más ni nada menos que tío y padrino político del actual Presidente de de México, Enrique Peña Nieto, quien, a pesar de estar distanciado de su mentor, le conviene hacer lo “políticamente correcto”, aplacar la furia de la mala fama de la familia. Los pleitos entre ellos deben ventilarse en casa, parece decir Peña Nieto.
Los ministros que todos los días se dan baños de pureza en el manantial del puritanismo que es la Suprema Corte de Justicia de la nación, acabarían con la poca credibilidad si al ventilar el caso Versini-Montiel le otorgaran la custodia de los gemelos Sofía y Adrian, hijos de ambos, al hombre, cuando casi siempre se favorece a la mujer, aún en casos de infidelidad conyugal comprobada.
Eso lo sabe Montiel, porque a pesar de ser licenciado en administración de empresas, algo se le ha de pegado de los alcances de las leyes, por lo que tuvo que recurrir a otro tipo de artimañas, como la que operó a finales de 2011 para lograr que su sobrino Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, aceptara que Eruviel Avila fuera postulado candidato a gobernador por el PRI en lugar de Alfredo del Mazo. El arma que utilizó Montiel fue simple: Si no queda Eruviel como candidato, la coalición PAN-PRD lo postula y derrota al PRI, como ocurrió en Oaxaca, Sinaloa, Puebla y otros estados.
Montiel retuvo a sus hijos Sofía y Adrián en noviembre de 2011 y según Versini, en entrevista con Proceso, le llamó para ofrecerle que pidiera cualquier cantidad de dinero para que abandonara la idea de continuar con el litigio de recuperar a sus hijos y llevárselos a Francia, oferta que rechazó la joven mujer, que este 2013 cumple 31 años.
“Lo mandé a la chingada –sentenció la ex primera dama mexiquense-. ‘¿Tú crees que yo voy a vender a mis hijos?. Estás loco’, le dije”, publica Proceso en agosto del año pasado.
Montiel contrató a los mismos abogados que defendieron a Raúl y Carlos Salinas de Gortari, quienes con todo el conocimiento de cómo se manipula la justicia, urdieron una de “artimañas para crear un expediente de presunto maltrato y violencia utilizando a niñeras que, en realidad, eran “espías y empleadas” de la administración montielista”, añade el artículo firmado por Jenaro Villamil.
Ni este día ni hace algún tiempo ningún medio de información se ocupa del caso Verisini-Montiel, no obstante tener dimensiones de ser potencialmente detonador de un escándalo diplomático de gran envergadura. Pero hay ausencias elocuentes y esta puede ser una de ellas que explique por qué los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, si tuvieron claro que se violaron brutalmente los derechos de la indiciada Florence Cassez, no dispusieron, como lo han hecho en los casos la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, o el del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, investigar y llevar ante la justicia a los responsables de tal violación, además de ordenar su libertad, sin declararla inocente, paradoja imposible de entender para los más de 100 millones de mexicanos que no nos especializamos en las profundidades del derecho.
Tendrán que pasar unos días o quizás semanas o meses para saber si los miembros de la Primera Sala de la SCJN fueron presionados; son muchos los casos en los que los ministros reciben línea, aunque jamás admiten que la acaten. En abril de 2012, el ministro Juan Silva Meza dijo al diario El Universal que “los tribunales siempre son objeto de presión por parte de poderes constitucionales y fácticos en función de sus intereses, algunos legítimos y otros cuestionables, pero los jueces deben ser prudentes y ecuánimes para tomar decisiones con independencia, afirma el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza. El ministro dice que nada ni nadie debe influir en el Poder Judicial, y explica que su autonomía es algo invaluable que brinda estabilidad, además de certeza en los fallos que se emiten”.
Por lo demás, este caso ha servido también para recapitular nuestros conceptos sobre justicia, verdad, mentira, estado de derecho, impunidad, víctimas, victimarios, que con tanta facilidad se trastocan e interpretan de manera tan absurda. Florence Cassez fue víctima, pero en dimensiones mucho menores de las que exhibió como victimaria.
Platón escribió hace 2,400 años que justicia es dar a cada quién lo que merece. Yo no creo que Cassez merezca la compasión que le prodigan quienes están a favor del “debido proceso”, contra el castigo que debe darse a quien tanto daño hizo. Se debe castigar a quien viole el derecho procesal, indemnizar a las víctimas de los malos funcionarios públicos, pero dejar sin castigo el cruel delito de secuestro, no tiene nombre.