Dictamen del TPP favorece peticiones de comunidades indígenas del Estado de México.

Dictamen del TPP favorece peticiones de comunidades indígenas del Estado de México.
Preauduencia del TPP en Xochicuautla. Foto: Al-Dabi Olvera
Preauduencia del TPP en Xochicuautla. Foto: Al-Dabi Olvera

Preauduencia del TPP en Xochicuautla.
Foto: Al-Dabi Olvera

Tras la preaudiencia “Devastación ambiental y los derechos de los pueblos en el Valle de Lerma, Estado de México»; celebrada el pasado 20 de abril en la comunidad indígena de San Fco. Xochicuautla, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, ha publicado un dictamen preliminar, en el cual da la razón a las comunidades originarias y organizaciones de la región, por el ecocidio que se está cometiendo en la zona de la Cuenca Alta del Río Lerma y el Gran Bosque Otomí-Mexica.

El jurado calificador, estuvo compuesto por un prestigioso equipo de expertos, entre los que destaca el doctor Eckart Boege, así como la investigadora Luisa Paré, y los especialistas en Derechos Humanos y Ambientales: Germán Sánchez Daza, José Grijalva y Edgar Gómez Jaimes.

La comisión dictaminadora reforzó las denuncias provenientes de más de 10 comunidades y organizaciones, acusando al estado mexicano de generar una enorme serie de violaciones a los derechos humanos y de las comunidades originarias.

El tribunal ético internacional presentará formalmente las recomendaciones al Estado mexicano, respecto a los siguientes puntos:

1. Reconocimiento oficial de los territorios y comunidades indígenas y los derechos que de ello se deriven, tal como lo establece el Convenio 169 Internacional de la OIT, y la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

2. Se exija a los gobiernos y organismos nacionales e internacionales correspondientes, que sean respetados los derechos humanos de la población que denuncia o se opone a los efectos negativos de los proyectos. Así como garantizar la integridad personal y colectiva vida de los afectados.

3. De manera particular, debe reconocerse la gestión autónoma de los bosques y recursos naturales por parte de las comunidades y pueblos indígenas. Restitución de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades en el manejo de agua local.

4. Anulación de los proyectos gubernamentales y privados que están afectando a la región.

5. Declarar la Cuenca Alta del Río Lerma en emergencia ambiental y sanitaria, deteniendo la extracción de agua irracional del sistema Lerma y llevar acciones para la restauración de las lagunas y ampliar la extensión de su área protegida, buscando la recuperación del manto freático y evitar la erosión del suelo en las áreas antiguamente inundadas.

6. Decretar una veda estricta a la cacería deportiva hasta que no se restablezca el número de especies original.

7.Políticas de recuperación y reforestación total de los bosques, manteniendo la vocación de las forestal áreas de uso común de las comunidades.

8. Desarrollar y ejecutar de inmediato un plan de restauración de las condiciones ecológicas originales , que incluya la participación activa y decisoria de las comunidades y pueblos indígenas afectados.

9. En dicho plan deberá incluirse la conservación y fortalecimiento de las costumbres y saberes tradicionales, de manera particular el reconocimiento de Nace El Agua y el Cerro de La Campana como sitios sagrados otomíes y mazahuas. 11. Garantizar el acceso a los bienes comunes de las comunidades indígenas, respetando las reglas y costumbres de la sustentabilidad.

10. Monitoreo permanente de la contaminación ambiental y realización de estudios epidemiológicos de la población de la región, por parte de instituciones independientes e imparciales, que garanticen que no haya conflicto de intereses. Todo ello con fines de mitigación y remediación de las causas y los efectos sobre la población.

11. Exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal, que cualquier obra que afecte la vida y el territorio de las comunidades indígenas debe ser consultada previamente según los convenios y mecanismos internacionales que México ha signado. Recomendamos que las consultas deben. ser amplias a toda la población, sean propietarios o no, de buena fe, y organizadas por instituciones independientes, con autonomía y que garanticen la inexistencia de conflictos de intereses.

Tales consultas deberán incluir la posibilidad de que los proyectos sean denegados por los afectados y que su opinión sea vinculante.

12. Hacer una revisión de la regulación existente, de la gestión y supervisión de ella, en relación a los desechos líquidos de las industrias.

13. Es impostergable se implementen acciones que incidan en la reconstrucción del tejido social.

14. Es fundamental la reparación integral de los daños ambientales, sociales, culturales y personales a los afectados por los proyectos.

15. Terminar con la impunidad de las autoridades, aplicando la ley a funcionarios y personas responsables de los agravios.

16. Recomendamos la disculpa pública de los responsables de estos agravios, funcionarios públicos y comunales, empresas y sus representaciones.

 

Carlos Maldonado
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