Por: Gerardo Viloria
*De nueva cuenta los mexicanos estamos inmersos en un proceso electoral.
En él se disputarán 2,159 cargos. En 9 entidades federativas habrá elección de gobernador, se renovará la composición de 500 diputados del Congreso federal, 641 diputaciones en 17 entidades, la integración de 993 ayuntamientos en 16 estados y 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.
El número de votantes potenciales en las elecciones del 2015 asciende, según el más reciente corte del Registro Federal de Electores (RFE), a 82 millones 750 mil 138 electores inscritos en la lista nominal.
En la definición de los aspirantes a representarnos por voto directo, difícilmente alguno de los 10 partidos tiene procesos medianamente democráticos para elegirlos; en casi todos se utiliza el mismo método: designación autoritaria y discrecional.
Respecto a quiénes ocupan los primeros lugares en las listas de candidaturas plurinominales, es decir, la de aquellos que no hacen campañas, las listas se arman no con base en los méritos de los posibles aspirantes, sus trayectorias o sus ofertas; no, se escogen entorno a los intereses de las cúpulas de los diversos partidos políticos.
Por otra parte, muchos de los candidatos han sido funcionarios o representantes populares que dejan amputado el cumplimiento de sus encargos, algunos que ni siquiera cumplieron la mitad del periodo para el que fueron elegidos; en un acto de deshonestidad con las personas a las que se pide el voto y el cual fue otorgado, éste les ha servido como trampolín para sus ambiciones personales.
En cuanto al Distrito Federal, hay descontento entre la ciudadanía por la salida masiva de los jefes delegacionales e incluso de muchos diputados de la Asamblea Legislativa; lo anterior, sin rendir cuentas a nadie.
En este contexto no hay esperanza: la supuesta voluntad de cambio o de servicio es sólo retórica. Por ello, la sociedad se cansa de los políticos. Ninguno está comprometido con el mandato que le dieron. Todos quieren un nuevo “hueso”.
Bajo esta circunstancia, es válido censurar a los servidores públicos que esperando otro espacio de representatividad popular han abandonado sus funciones; de igual manera, tal reproche es pertinente hacia los partidos políticos por aceptar tal situación.
Sin duda, ambas actitudes se convierten en una afrenta hacia la ciudadanía que conlleva las consecuencias de las mismas.
En otro aspecto, las precampañas en lo democrático y financiero son una farsa. El tope de gasto es burlesco: $224,074.72. El régimen legal, en lugar de optar por la transparencia sobre origen y destino de recursos, impuso topes poco realistas.
En cuanto a las campañas, en días pasados, el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó que los partidos políticos dispongan de más de cinco mil 356 millones de pesos para este año, una cantidad que, según dijo el consejero presidente LORENZO CÓRDOVA, sirve para protegerlos de influencias ilícitas y del dinero del crimen organizado.
Se puede observar que por las cuarteaduras que presentan los partidos, donde algunos se manejan como empresas familiares, estos tendrán carencia de respaldo social.
Aunque la sombra del abstencionismo se cierne sobre la próxima elección, al margen de qué porcentaje de los ciudadanos haga uso de su derecho de elegir a sus representantes, algunos de los candidatos postulados por los partidos, finalmente, serán declarados ganadores de los comicios y ejercerán los cargos.
¡Ojalá hubiera representantes comprometidos con las causas ciudadanas!