*El plazo vence en abril y no hay indicios de que la legislatura local debate el tema.
*La tierra del Presidente es la primera obligada a cumplir con los objetivos del gobierno federal
Carlos de la Borbolla
Llama mucho la atención de que durante tres años, el gobierno del Estado de México, en voz de su titular, Eruviel Ávila Villegas, se condujera como el primer aplaudidor de las iniciativas del Presidente Enrique Peña Nieto, pero a la hora de llevar a la realidad las propuestas, se haga a medias o de plano se desechen.
El juego mediático de las porras al Jefe del Ejecutivo Federal –con razón o sin ella- no generan los bonos de un servilismo ya superado con la alternancia registrada en la Presidencia de la República en el año dos mil.
Ahora la política es diferente. Una sociedad mejor informada y más demandante, exige acciones inmediatas en temas medulares, trascendentes y profundos, no en los que estén de moda.
Desde la administración de Vicente Fox Quezada, cuando se lanzó la primera iniciativa de Ley por la transparencia y la rendición de cuentas, la sociedad mexicana centró su atención en ese tema.
Como parte de las reformas estructurales y de la transformación que impulsa, el Presidente Peña Nieto ubicó en la Ley de Transparencia al pilar fundamental del Sistema Nacional Contra la Corrupción que aguarda en el Congreso de la Unión la expedición de las leyes y reglamentos secundarios que lo lleven a su aplicación.
Sin la menor duda, la sociedad está harta de los altos niveles de corrupción que se registran en casi todos los ámbitos.
La corrupción no puede ni debe seguir siendo el sello del ejercicio gubernamental o la etiqueta de la tarea política.
Para cualquiera resulta inexplicable de que a estas alturas, cuando a los ojos del mundo México es un País altamente corrompido, existan políticos, legisladores y gobernantes que se resistan a implantar medidas para erradicar la corrupción.
La más reciente reforma a la iniciativa de Ley, amplió la lista de sujetos obligados a ejercer la transparencia y la rendición de cuentas.
Ahora no son solamente los gobernantes los obligados a ser transparentes y rendir cuentas, sino también los sindicatos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los partidos políticos, las iglesias y las organizaciones sociales.
LA HOMOLOGACION TIENE PLAZO FATAL
La mayoría de las entidades federativas crearon sus institutos de información pública y su ley de transparencia. Cumplieron con el protocolo, pero no con el espíritu de la Ley que es la de combatir la corrupción.
Los legisladores recurrieron a determinar discrecionalmente los “temas reservados” y los años que debían mantenerse ocultos, especialmente cuando se trata de inversiones públicas.
Ante tamaña simulación, el Congreso de la Unión y el gobierno federal impulsaron, cada uno por su lado, un sistema de información pública amplio y preciso.
Eliminaron “informaciones reservadas” sin justificación y determinaron ampliar la lista de sujetos obligados a cumplir con la información pública que se les pida y en los términos más amplios.
La Ley Federal de Transparencia, protección de datos y rendición de cuentas, corrigió omisiones y lagunas de las legislaciones locales amañadas.
El Congreso de la Unión fue más allá y dispuso la homologación de todas las leyes locales con el ordenamiento federal
Y para cumplir con esta disposición, hay un plazo fatal que vence en abril de este año.
El gobierno y la legislatura de la entidad federativa que incumpla esta disposición, se hará acreedor a las sanaciones marcadas por la ley.
El Estado de México es una de las trece entidades federativas que no han homologado su legislación y no existen indicios de hacerlo en el futuro inmediato.
El 99 por ciento de las iniciativas que aborda la legislatura local proceden del Ejecutivo y como no hay indicios de que promueva la homologación, los legisladores de mayoría priísta actúan como empleados del Ejecutivo y carecen de iniciativa para promover la Ley de Transparencia que la entidad necesita y la sociedad reclama.
SE DEBE PREDICAR CON EL EJEMPLO
El mejor y más efectivo respaldo que se puede dar al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, es el de traducir en hechos las iniciativas y las propuestas.
Las reformas estructurales que impulsó con el Pacto por México, no necesitaron nunca de los pronunciamientos de apoyo del Gobierno mexiquense. Iban a realizarse con o sin las declaraciones oficiosas a favor de las iniciativas.
En la tierra del Presidente Peña Nieto, hay la obligación moral y ética de la clase gobernante y de los políticos, de apoyar en los hechos el desempeño presidencial.
Dar ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas en los niveles estatal y municipal de gobierno, es la mejor y más válida respuesta al combate a la corrupción.
Gobiernos y políticos mexiquenses, sobre todo del partido del Presidente, tienen la responsabilidad de dar una lección de ética política y ser congruentes en el hacer y el pensar.
Con hechos, se respalda al gobierno del Presidente Peña Nieto, aunque no se difundan en los medios de comunicación. La sociedad tiene memoria y registrará lo que ocurra.