La 59 Legislatura mexiquense iniciará este primero de marzo su Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, precedido por 854 iniciativas de ley y puntos de acuerdo aprobados, entre estas, 27 nuevas leyes, además de que en calidad de integrante del Constituyente Permanente de la nación, avaló siete minutas de reformas a la Constitución federal.
De la legislación aprobada en dos años y medio de gestión, destaca el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de México, que establece instrumentos de prevención y rendición de cuentas, así como procedimientos imparciales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.
Las leyes del Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de Responsabilidad Patrimonial y Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se complementan con las reformas estructurales a las leyes de la Fiscalía General de Justicia, de Fiscalización Superior y Orgánica de la Administración Pública, así como a los códigos de Procedimientos Administrativos, Penal y Civil, todos de la entidad, las cuales permiten el combate frontal a la corrupción.
Otros nuevos ordenamientos son la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, esta última, incorpora como sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos, universidades, fideicomisos y personas físicas o jurídicas que reciban recursos públicos.
En materia de seguridad pública y justicia fueron aprobadas las leyes para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro; la de Indulto y Conmutación de Penas; la de Extinción de Dominio; la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, y la de la Fiscalía General de Justicia, que sustituyó a la antigua Procuraduría de Justicia.
También fue expedida la Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, para que todos los servidores públicos tengan la obligación de promover, proteger y garantizar estos derechos, así como reformas que fortalecen la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y estipulan la obligación de los servidores públicos de fundamentar y hacer pública su negativa en caso de no aceptar o incumplir una recomendación del organismo.