TOLUCA, Estado de México. – La diputada de morena Brenda Colette Miranda presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado de México, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico, en materia de procuración de justicia, mediante el endurecimiento de las sanciones aplicables al delito de acusación o denuncia falsa contra maestras y maestros en la entidad.
Dicha propuesta también contempla la incorporación de una agravante específica cuando dicha conducta se cometa en contra del personal docente en el ejercicio de su labor.
En este sentido, la legisladora refirió que en los últimos años se ha incrementado el número de denuncias contra personal docente, y en múltiples casos carecen de sustento o concluyen sin responsabilidad.
La iniciativa no limita el derecho a presentar una denuncia, sin embargo, busca castigar a quienes lo hace con falsedad, ya que esta es una grave distorsión a la justicia
Por ello, esta propuesta no limita el acceso a la justicia, sino que la fortalece, porque las denuncias falsas no solo vulneran la presunción de inocencia, sino que provocan consecuencias profundas en la vida profesional y personal, así como en la vida social de quienes las padecen.
En el caso del magisterio, explicó la proponente, el impacto es aún mayor, porque su labor se sustenta en la confianza, en la integridad y en el vínculo directo con las niñas, niños y adolescentes.
“Cuando se afecta injustamente a una maestra o a un maestro, también se lastima el derecho a la educación y al tejido social”, dijo Miranda.
Con esta iniciativa se busca otorgar certeza jurídica a las personas afectadas, asimismo, se plantea un fortalecimiento integral de la respuesta del Estado, se incrementan las sanciones conforme al principio de proporcionalidad, se robustecen los mecanismos de reparación del daño, incluyendo la restitución del honor, la imagen pública y se establece una agravante específica cuando la conducta se cometa contra el personal docente.
No se trata sólo de sancionar, sino de reparar y dignificar, por lo que esta propuesta se inscribe plenamente en los principios del humanismo mexicano que dan sustento a la cuarta transformación, que es poner en el centro a las personas, garantizar la justicia social y actuar siempre con honestidad y responsabilidad pública.
“Hoy más que nunca, debemos reafirmar que la educación es un derecho humano fundamental y que quienes la hacen posible, merecen seguridad jurídica, respeto y respaldo institucional. No podemos permitir que el miedo a una denuncia infundada limite la vocación de quienes forman generaciones”, puntualizó. (Redacción)