Por: Gerardo Viloria
El pasado jueves, como insólito golpe del combate al narcotráfico, JESÚS ALFREDO GUZMÁN SALAZAR, alias “El Gordo”, fue presentado en el Auditorio México de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Lo anterior lo señaló con lapidaria firmeza y certidumbre,frente a los diversos medios de información masiva, el vocero de la Secretaría de Marina, JOSÉ LUIS VERGARA.
Refirió que tal captura de GUZAMAN SALAZAR, junto con KEVIN DANIEL BELTRÁN DEL RÍO, otro presunto miembro del Cartel de Sinaloa, fue resultado de la operación llevada a cabo por elementos de la Armada de México, quienes aseguraron armas de diverso calibre, así como municiones, identificaciones falsas, vehículos, 150 mil dólares y 295 mil pesos.
Sin embargo, la PGR descartó la noche del viernes que el joven detenido sea hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. La identidad del capturado de acuerdo con el reporte oficial, corresponde a FÉLIX BELTRÁN LEÓN, de 23 años de edad; junto con él fue aprehendido otro joven de nombre DANIEL BELTRÁN.
Ese mismo viernes, voceros de la DEA aceptaron que había un error respecto a la identidad del detenido, no obstante que el día de su captura y presentación felicitaron al Gobierno mexicano por el presunto golpe.
Este estrepitoso fracaso pone en evidencia una dimensión hasta ahora no pública: la inclinación de la Armada para realizar batidas y detenciones con la sola alerta de los agentes antinarcóticos norteamericanos (DEA) destacados en México. No es la primera ocasión en que los marinos, que encabeza el secretario del ramo, MARIANO FRANCISCO SAYNEZ MENDOZA, se exhiben como solícitos operadores de la DEA, en tanto que otras estructuras de la ley en México, especialmente el Ejército, se caracterizan por verificar con mayor profundidad.
Además, hace ostensible el quebranto de los principios fundamentales de legalidad, oportunidad, racionalidad y proporcionalidad, asentados en los protocolos para el uso de la fuerza, preservación de evidencias y presentación de detenidos ante las autoridades, derivadas del Convenio firmado por las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como por la Procuraduría General de la República, el cual fue rubricado para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 23 de abril, por el propio presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA.
De igual manera, muestra el perjuicio de la justicia penal inquisitoria que conlleva angustia, impotencia, descrédito, vergüenza, costas de abogados para que el presunto inculpado pueda demostrar su inocencia; esto en lugar de aplicar la justicia penal acusatoria, misma que establece la presunción de inocencia hasta que se demuestra lo contrario.
Finalmente, esta vergonzosa imprudencia exhibe un botín político a diez días de las elecciones, así como la delicada ligereza con la que muchas ocasiones nuestras autoridades -con el ánimo de mostrar hipotética capacidad- exhiben a la prensa a supuestos delincuentes.