LVIII Legislatura: A Superar Modelos Arcaicos

+ El Poder Legislativo mexiquense conserva una imagen testimonial y sometida

+ Sin mayoría calificada, la fracción priísta estará obligada a construir acuerdos

+ La falta de cultura parlamentaria en los futuros legisladores presagia tormentas políticas

* El poder legislativo representa a la ciudadanía; y la voluntad ciudadana no puede ser interpretada ni suplantada: tiene que ser escuchada.

* Mario Alberto Falcón Correa

El tránsito lento del sistema político mexicano hacia una democracia moderna, tiene, en el Estado de México, una muestra contundente y clara del dominio de la partidocracia.

El Poder Ejecutivo conserva el dominio férreo del quehacer público, propio de una dictadura, en la que la división de poderes es un mito, con la diferencia de que los principales actores se renuevan cada tres o seis años, de acuerdo a los calendarios electorales, sin modificar la esencia de las estructuras del poder.

Con 45 diputados de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, la Legislatura mexiquense es la más grande del País, pero no es la más eficiente y está muy lejos de asumir su condición de “fuente del poder ciudadano”, que teóricamente le consagra a los representantes populares la Constitución General de la República y la particular de esta entidad federativa.

La alternancia y la pluralidad, como elementos pírricos del avance democrático, acusan en el Poder Legislativo mexiquense una pálida pincelada de representatividad legítima de la composición heterogénea de nuestra sociedad, sin duda alguna, la de mayor significación en la geografía nacional.

El dominio aritmético del priísmo y la conducta ovejuna de sus legisladores, contribuyen a mantener al Poder Legislativo como súbdito del Ejecutivo, de espaldas a los intereses de la sociedad y en función, siempre, de la renta electoral.

Con la LIII Legislatura local, al inicio de la administración de Arturo Montiel Rojas, el voto ciudadano determinó la división de la Cámara en tres tercios, con un ligero dominio del Partido Acción Nacional al contar con 25 bancas en el Congreso Mexiquense. Parecía cercano un real equilibrio de poderes y el arribo a un trabajo parlamentario con el ciudadano como centro de la atención de sus representantes elegido en las urnas.

La ilusión fue efímera. Con el argumento de la “gobernabilidad”, interpretada por partidos,  políticos y gobernantes como las “mayorías reales o artificiales” para imponer voluntades y hasta ocurrencias, según los intereses personales o de grupo, la fracción panista fue quebrada con la coptación de 14 legisladores que se declararon “independientes”, figura inexistente en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero llevó a la minoría priísta a convertirse en mayoría artificial, para efecto de ganar las votaciones en el Pleno Parlamentario y seguir al servicio del Ejecutivo.

Para la izquierda, alcanzar mayoría en el Congreso mexiquense no forma parte de su agenda política. Sus intereses están en otro lado.

La excepción de esta regla nacional se ubica en el Distrito Federal, en donde el PRD mantiene una mayoría aplastante desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, pero sin espíritu democrático, sino al servicio de un Ejecutivo dominante, además de que los asambleístas capitalinos carecen de la amplitud de facultades de una auténtica legislatura.

Ejemplos de la nociva mayoría absoluta en las Legislaturas, cuando están supeditadas a la voluntad e intereses del Poder Ejecutivo sobran, pero bastaría citar aquella polémica reforma al Código Civil del Estado de México que anuló los términos del divorcio y de nuevas nupcias y en “fast track” fue aprobada y puesta en vigor, para posibilitar nuevas nupcias del gobernador Arturo Montiel.

En resumen: la esencia y doctrina del Poder Legislativo y las funciones de los legisladores como “representantes populares”, son tema exclusivo del discurso político. La división de poderes y su respectivo equilibrio, es una falacia. Los legisladores se convierten en legitimadores de los intereses del Poder Ejecutivo y la ciudadanía, es reducida a un instrumento usado para acceder al poder, por la vía de las elecciones que se convierten en una mascarada de la democracia.

 

LEGISLATURA DE ACUERDOS O DE CONFRONTACIONES

 

Los resultados de la elección de diputados locales del primero de julio pasado, no concedieron al partido del gobernador la mayoría calificada deseada. La ciudadanía emitió voto diferenciado, tanto en el ámbito federal como en el estatal.

EL PRI obtuvo por si solo cinco diputaciones. En alianza con el PVEM y Nueva Alianza, logró 26 distritos. Con el PVEM obtuvo 7 y con el PANAL consiguió 3 para un total de 41 de los 45 legisladores por el principio de mayoría. No cuenta con los 51 votos necesarios para aprobar reformas constitucionales en el período del 2012 al 2015.

En una debacle terrible, los partidos de oposición como Acción Nacional, solamente ganó un distrito (Atizapán de Zaragoza) y el Partido de la Revolución Democrática obtuvo tres ( el de Tejupilco y el 32 y 41 de Nezahualcóyotl)

La piñata con 30 diputados de lista, mal llamados de “representación proporcional”, se distribuyó con 10 lugares para el PAN; nueve para el PRD; 4 para el PVEM; tres a Nueva Alianza; dos al Partido del Trabajo y dos para Movimiento Ciudadano.

Este absurdo esquema no llenó las expectativas de nadie. Para el PRI y el Ejecutivo, no son suficientes sus triunfos y los de sus aliados para alcanzar la anhelada mayoría calificada. La izquierda, reducida a su mínima expresión, tampoco tendrá margen de maniobra en los Plenos y en las Comisiones Legislativas.

Bajo una óptica positiva, cargada de optimismo, la composición de la LVIII Legislatura que iniciará trabajos el cinco de septiembre, nos llevaría a pensar en una era de debates parlamentarios y de avances democráticos desde la fuente del poder que es la ciudadanía representada en el Congreso.

La realidad y la experiencia nos indican todo lo contrario. Será una legislatura que reinstale el cabildeo y la compra de votos cuando al Ejecutivo le interese la aprobación unánime de sus iniciativas o cuando estas impliquen reformas constitucionales.

La bolsa de valores o el mercado de votos camerales de la LIII Legislatura se reinstalará en este septiembre próximo. La subasta iniciará con la integración de la Junta de Coordinación Política y el formato del Primer Informe del gobernador Eruviel Avila Villegas.

Teóricamente, la estructura heterogénea de la LVIII Legislatura, impondría a los coordinadores de las fracciones parlamentarias a construir acuerdos, a retomar el debate parlamentario que es la savia del trabajo legislativo y a llevar a la tribuna los temas y asuntos que son de interés de la sociedad.

La realidad indica todo lo contrario. La partidocracia ocupará un amplio espacio en las Comisiones y en los Plenos camerales, no bajo una confrontación de ideas, sino por el camino protagónico de las descalificaciones y de la obstrucción a la aprobación de iniciativas de toda índole.

La construcción de acuerdos no será por la vìa del diálogo y de la discusión política. Se hará con el uso de las monedas de cambio que surjan en el camino y con la concesión de prebendas y privilegios, todos ellos de carácter económico, cuya eficacia probó Isidro Pastor Medrano en la LIII Legislatura.

Por caros que resulten, los consensos unánimes que logre la fracción priìsta, siempre serán baratos, si de cumplir los compromisos o satisfacer los deseos del Poder Ejecutivo se trata.

 

HAY NUBARRONES DE TORMENTA EN EL HORIZONTE

 

Un somero análisis cualitativo sobre los futuros diputados locales, no permiten vislumbrar un trienio de avances democráticos, regidos por un marco jurídico moderno y eficaz, que regrese al Estado de México a la vanguardia legislativa que alguna vez, no hace mucho tiempo, detentó.

En la próxima legislatura no hay suficientes diputados con la preparación política, la cultura parlamentaria y la capacidad académica, que permitieran pensar en la reivindicación del Poder Legislativo y su relevante papel en el esquema de gobierno al que aspiraron los Constituyentes de 1917, al diseñar el ámbito, las facultades y la responsabilidad de cada uno de los tres poderes integrantes de un gobierno democrático y representativo, en vías de convertirse en participativo.

Hay en todas las fracciones de la futura Legislatura, nombres con llamémosle “experiencia”, pero no por los resultados alcanzados, sino porque han sido legisladores locales o federales con anterioridad. Son de los políticos denominados como de “largo y retorcido colmillo”, mejor conocidos por sus mañas y tenebrosas maniobras que por su aportación ideológica.

Y son precisamente estos actores políticos los que se disputan la coordinación de sus fracciones parlamentarias o, en franca simulación, serán “el poder tras el trono” si les conviene más poner al frente a cualquiera de sus peones en el tablero.

Así es el priísta Aarón Urbina Bedolla –quien inclusive fue diputado por el PAN en la LIII Legislatura y sabe cómo se opera la compra de voluntades- , por el PRD se ve a Héctor Bautista López, todavía Senador de la República, y copropietario en la empresa política familiar denominada Alternancia Democrática Nacional, antes MOVIDIG. En el Partido del Trabajo no hay más que Oscar González Yañez, con 24 años de permanencia en los congresos local y federal, salvo el trienio en el que ganó la alcaldía de Metepec. Con Acciòn Nacional llega el aùn Senador, Ulises Ramìrez Nuñez, obsesionado por convertirse en el cacique azul mexiquense y con espíritu de revancha. Por Movimiento Ciudadano, estará Juan Abad de Jesús, gris dirigente partidista y beneficiario de su amistad con Dante Delgado, dueño de esa franquicia electoral. Y en el Partido Verde Ecologista de México, cualquiera que sea el coordinador dará igual, porque estará a las órdenes del pastor del rebaño tricolor.

Hay figuras nuevas que representan los intereses del Ejecutivo, como es el caso de Alfredo Torres Hueso, quien viene de un paso gris por la legislatura federal, pero pertenece al primer cìrculo del gobernador Avila Villegas o Ignacio Pichardo Lechuga, sin mayores méritos que ser heredero del ex gobernador del mismo nombre.

Destacan en este grupo, por méritos propios, el priísta Enrique Mendoza Velázquez, joven político que ganó el Distrito I de Toluca y cuenta con extensa preparación academica, de investigación política, con dotes de orador y polemista, además de un fuerte bagaje de trabajo partidista y en la administración pública. Uno de los pocos que sabe y entiende la función legislativa.

Por el lado del PRD, es de tomar en cuenta a Héctor Manuel Moreno Toscano, con buena preparación académica, de vocación política, ideólogo y polemista de izquierda, aguerrido luchador social y miembro de una dinastía de políticos que aportó mucho al sistema político mexicano desde las trincheras del PRI o del poder público, como fue don Manuel Moreno Sánchez.

Para los futuros diputados, independientemente de sus debilidades y fortalezas, es de vital importancia entender el mensaje de los ciudadanos en las urnas.

El voto diferenciado tiene que leerse como el rechazo a las mayorìas absolutas, a la unanimidad de las imposiciones y a las confrontaciones estériles en defensa de intereses que son ajenos a la sociedad.

Los mexiquenses no le otorgaron a los futuros diputados un cheque en blanco en las urnas. Les dieron la oportunidad de reivindicase como políticos, de dignificar el trabajo parlamentario y de abrir las puertas del Congreso a la sociedad organizada y representada por sus diversos sectores.´

Las sesiones de Comisiones y los Plenos, no tienen porque ser espacios cerrados. Los cónclaves no tienen cabida en la democracia que demanda la sociedad y se tienen que crear mecanismos de participación ciudadana real en la discusión de leyes e iniciativas que tienen que ver con la vida pública.

La pluralidad debe ser factor de discusión y de análisis, de diálogo y de acuerdos, no de confrontaciones y menos de “arreglos en lo oscurito” como sucedió en el pasado reciente.

El Poder Legislativo no es enemigo del Ejecutivo o del Judicial, pero tampoco puede ser siendo su lacayo, simplemente porque representan a la ciudadanía y la voluntad ciudadana no puede ser interpretada y menos suplantada. Tiene que ser escuchada.

 

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