24 de julio 2017.- En riesgo de convertirse el nuevo fiscal anticorrupción, José de la Luz Viñas, en un empleado más del Gobierno estatal, por los nexos que tuvo con autoridades estatales y federales, la Coparmex Metropolitana pidió a los diputados mexiquenses “ponerse las pilas” en el tema.
Si bien el Estado de México ya cuenta con una ley en la materia, ésta no salió en los términos que a los empresarios y a la ciudadanía en general les interesaba, “hay mucho que hacer para que realmente funcione”, sostuvo el presidente de Coparmex Metropolitana.
Indicó que la principal exigencia del sector es que el fiscal anticorrupción tenga autonomía plena, pero se aprobó en la legislación que esta figura sea designada por el fiscal General de Justicia del Estado de México, lo que implica que puede ser más un empleado del Gobierno mexiquense, que un funcionario que garantice que los casos de corrupción se investigarán sin defender los intereses de algún grupo en el poder.
Beteta del Río aseveró que si bien José de la Luz Viñas, propuesto como el primer fiscal anticorrupción del Estado de México, cuenta con un perfil idóneo para el puesto, los empresarios presuponen que se puede convertir en un empleado más de la administración estatal.
Aseguró que la 59 Legislatura va tarde en la puesta en marcha de este sistema, por lo que a más tardar en un mes tendría que haber nombrado al Comité de Selección, y a su vez, éste haber elegido al Comité de Participación Ciudadana, en donde los empresarios están interesados en participar.
“No debería de pasar de agosto, yo tengo esperanza en que salga antes de esa fecha, afortunadamente el gobernador se ha involucrado en el tema y creo que quiere verlo antes de que termine su mandato”, agregó Beteta del Río.
Aseguró que tras la convocatoria que se lanzó hace tres semanas para invitar a integrantes de esta cúpula empresarial y sociedad civil, para que el que tenga mejor perfil represente a estos sectores, la respuesta no ha sido la esperada, debido a que no hay confianza en las instituciones, pues los distintos órdenes de gobierno han mostrado que, en la mayoría de los casos, responden a los intereses de unos cuantos.
Arturo Beteta afirmó que el retraso de los legisladores mexiquenses para implementar al cien por ciento la figura anticorrupción, puede deberse a intereses personales, sobre todo de aquellos que están viendo en su aprobación una oportunidad para negociar un lugar en la elección de 2018, por lo que les exigió abandonar cualquier petición personal, para anteponer los beneficios que tendrá para la población mexiquense.
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